El "decenius horribilis"

Será este el decenius horribilis de Uruguay?, en que el gobierno intentará «achicar» el Estado no reduciendo su peso burocrático, racionalizando sus actividades o modernizando su gestión, sino rematando al mejor postor las empresas públicas, especialmente las que tienen, en apariencia, espectaculares resultados. Esas empresas, obviamente, no serían compradas por empresarios nacionales, sino por multinacionales, con el objetivo de que esas actividades –que hoy dan «discutibles» ganancias (recuerde el lector las tarifas leoninas que pagamos)– pasen a incrementar el patrimonio de sus casas matrices.

Sin embargo, son tan contradictorias las señales del gobierno que, suponemos que todo el esfuerzo que hace se reducirá a «regalar» en remate y al mejor postor algunas actividades, como ese 40% por ciento de Ancel, y algún otro «brillante» negocio de ese tipo, que no le agregará nada al país ni a nadie.

En el camino que ha proclamado el presidente Jorge Batlle y al que le están quitando –por medio de las leyes de urgencia– los obstáculos legales, es el gobierno quien borra con el codo lo que escribe con la mano. Hay algunos ejemplos aleccionantes: el aumento de los combustibles es uno de ellos, mostrando cómo el afán recaudador llega hasta el límite de las posibilidades de pago de la gente.

Por otro lado, el pasado viernes, el presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti, en declaraciones realizadas en el departamento de Colonia, afirmó que las alianzas comerciales que se proyectan tienen como uno de los objetivos llevar el precio interno de los fluidos al nivel de los de la región. Por supuesto, que en la base de esas «alianzas» estaría la caída del monopolio de la importación y refinación de petróleo.

Las cuentas que hicieron todos los entendidos que lo escucharon, dieron resultados negativos. Parece claro que nadie va invertir para comprar petróleo y luego refinarlo en la planta de La Teja, si los costos no son competitivos. ¿Es que Sanguinetti cree que se podrán lograr combustibles más baratos que los de Petrobras o de YPF (empresas ya extranjerizadas), cuyos estándares de producción son infinitamente mayores a los de Ancap y que están enclavadas en países productores de petróleo?

Por supuesto que nada dijo sobre lo que el usuario debe pagar en razón del incremento del Imesi, a lo que se suman las transferencias de Ancap a Rentas Generales, para que los números le cierren al gobierno y pueda pagar los servicios de la deuda externa y lograr que los «calificadores» no le apliquen al país una «mala nota».

Obviamente ese mercado cautivo, el que integramos todos nosotros, seguirá en manos de Ancap con precios fijados –¡por supuesto!– por la oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Por un lado se habla de la desmonopolización de la importación de crudo y también de su refinación, por lo que se supone que con ello el gobierno quiere atraer a interesados que invertirían para que los subproductos del petróleo se comercializaran en la región. Mientras que por otro –siguiendo el razonamiento– se mantiene cautivo al mercado que hoy paga los combustibles más caros de la región.

El gobierno no debiera ser, entonces, optimista de que algún capitalista invierta en rubros que perderían su carácter monopólico, si el negocio, como parece, no se convierte en «redondo». Además para tener éxito en la venta de combustibles que se refinararían en La Teja, en un mercado competitivo como es el regional, se deberían manejar políticas comerciales que no están en línea con las poco claras ideas que se tiran sobre la mesa.

Lo planteado es contradictorio incluso para los economistas neoliberales, embanderados desde siempre con las privatizaciones, sorprendidos por tanta improvisación y desatino. Sería aleccionador que conociera el pensamiento del doctor Ramón Díaz quién, semana a semana, protesta ante tanta incoherencia.

Lo único que muestra es el afán privatizador, intentando adecuar al país a políticas –como la llevada adelante en Argentina– que ha tenido un resultado desbastador.

El otro punto es que si algo falla «por tanta improvisación y ligereza», los «platos rotos» deberemos pagarlos entre todos.

La única «socialización» que admiten.