Rápida marcha hacia otro Uruguay

En el curso de la semana que finaliza se difundieron públicamente los términos del compromiso asumido, en nombre del país, por el equipo económico de gobierno ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional.

Algunas de las normas mencionadas ya han sido sancionadas, en la Ley de Urgencia I o, sobre todo, en el Presupuesto quinquenal.

Vista en su conjunto, la nómina de las nuevas reformas que el elenco de gobierno ha resuelto o se propone encarar es tan amplia que, de sustanciarse, implicaría el fin de una estructura económica nacional y la fundación de otra.

Son pocas las áreas sobre las que actualmente se ejerce la función estatal que quedarían al margen de esta Noche de San Bartolomé desmonopolizadora, desreguladora y privatizadora.

Empezando por los frutos más codiciados, como Antel y Ancap, todos los Entes se ven despojados de funciones, controles o monopolios.

Ancap pierde el de la importación y venta de asfalto y derivados, de petróleo y derivados y de la refinación de petróleo.

El documento presentado al FMI incluye la apertura de la competencia en la distribución de los combustibles.

El conjunto de las propuestas del gobierno referidas a Ancap han suscitado la oposición de las organizaciones sindicales y del Encuentro Progresista.

No obstante lo cual el gobierno no ha dado ningún indicio de reconsiderar lo que han sido las pautas centrales de su proyecto.

Algo similar ocurre en el campo de las telecomunicaciones. También sobre Antel las normas presupuestales aprobadas, y las que se proyectan, apuntan al debilitamiento del ente que se vería despojado de las áreas que mayor beneficio producen para el país.

Se apunta a terminar con el monopolio en las comunicaciones de larga distancia, la telefonía celular y las que surjan del empleo de nuevas tecnologías.

Se concederían dos nuevas frecuencias de telefonía celular.

En el terreno de las privatizaciones también se avanza a paso acelerado: puertos privados, establecimiento de empresas privadas que provean de agua potable y atención de hospitales de Salud Pública en manos de empresas privadas.

Se autorizarían asimismo la construcción de otras playas de contenedores en manos de empresarios privados.

El frenesí privatizador alcanza a la faena de lobos marinos en las costas e islas y a la construcción de puentes.

El repliegue de los controles o regulaciones estatales abarca una amplia gama de asuntos que incluyen la apertura al ingreso de barcos con bandera extranjera, sin convenios de reciprocidad, en aguas territoriales uruguayas.

Reiteramos, una parte considerable de las normas privatizadoras que ahora se exhiben como galardón ante el FMI, ya ha sido aprobada.

Y lo han sido en una discusión del Presupuesto Nacional para el quinquenio, buena parte de cuyos artículos (sobre un total de más de 600), pasó desapercibida para la mayor parte de la población.

Como se recordará, en oportunidad de discutirse algunos de estos artículos, que son expresamente resistidos por algunos sectores de nuestra sociedad, como los sindicatos, los legisladores de la oposición progresista, ante la intransigencia y la falta de estudio y discusión por parte de la mayoría oficialista, optaron por abandonar el recinto parlamentario.

Visto en perspectiva se comprende ampliamente la actitud asumida por la oposición.

En el articulado del Presupuesto, que por disposición constitucional sólo puede contener normas que abarquen el quinquenio de la administración, aparecen normas abiertamente inconstitucionales, que entrañan cambios duraderos en las formas de organización del Estado, de la Administración Central y, sobre todo, de los Entes Autónomos.

Tras las disposiciones acordadas con el FMI hay un modelo de país.

Otro modelo de país, sustancialmente distinto, donde la presencia de los inversores privados y el capital extranjero sustituirán al Estado uruguayo en áreas esenciales.

De ahí la inquietud que ha ganado a amplios sectores sociales, como el de los trabajadores de Antel, que ya anunciaron su disposición para recoger firmas a efectos de convocar a un plebiscito que derogue las normas que privatizan áreas esenciales en materia de telecomunicaciones.