La del gobierno y la de Lacalle

El 6 de julio los uruguayos tuvimos dos noticias absolutamente contradictorias sobre un mismo tema.

¿Cuál fue el tema? El de las inversiones en nuestro país. ¿Cuáles son las noticias? La primera es que el gobierno uruguayo confirma la inversión de Portucel. A través del secretario de la Presidencia, que viajó a Lisboa para entrevistarse con representantes de la mencionada empresa, se aseguró en la jornada de ayer que la firma portuguesa confirmó la inversión en nuestro país. Esta empresa planea invertir alrededor de ¤ 1.200.000.000 y cientos o miles de puestos de trabajo en un complejo industrial de celulosa y fabricación de papel. En la visita que hizo el secretario de la Presidencia a Lisboa se firmó un memorándum de entendimiento previo a la firma del contrato de inversión.

La segunda noticia (en este caso lamentable) es que el ahora confirmado como candidato a presidente del Partido Nacional reiteró su recomendación a los inversores extranjeros de esperar hasta diciembre para decidir sobre sus inversiones (lo que fue también apoyado por el resto de su partido). Esta posición ya había sido manifestada antes del 28 de junio y había sido rechazada. Primero por el compañero senador Astori y luego por nuestro candidato a la Presidencia, el compañero senador Mujica. También es de destacar que otros representantes del gobierno y del espectro político y empresarial también rechazaron uniformemente tal aspiración.

Queríamos hacer notar, precisamente, la cara y la contracara de un mismo tema a través de estas dos noticias. Una es que el gobierno está buscando continuar en el futuro inmediato y mediato con este proceso absolutamente extraordinario de crecimiento de las inversiones en nuestro país, tanto públicas como privadas, que creció 14,4% de promedio anual, lo cual constituye un factor fundamental para incrementar la tasa de crecimiento económico de largo plazo y la creación de empleo, así como la mejora de la competitividad de la economía.

Dentro de las inversiones públicas, cabe destacar las realizadas en materia de puertos, energía, infraestructura vial, telecomunicaciones, agua y saneamiento, inversiones que contribuyen directamente al crecimiento económico, así como también indirectamente, apalancando las inversiones privadas. Ello es así dado que, sin una adecuada infraestructura, se desincentiva seriamente a la inversión privada, afectando de esta forma las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleos.

Por su parte, la inversión extranjera directa presentó un notable dinamismo, alcanzando cifras récord para la historia de Uruguay.

En la década del 90 (durante cuya mitad Lacalle fue presidente de la República y el resto del tiempo participó en coalición con el Partido Colorado), la inversión extranjera fue, en promedio, de 135 millones de dólares anuales, en tanto que entre 2001 y 2004 (gobierno de Batlle) el promedio anual subió a 302 millones de dólares. En contraste con este pobre desempeño pasado en materia de inversiones extranjeras, durante este período de gobierno, y dejando de lado la inversión en Botnia, entre 2005 y 2008 esa cifra trepó a 1.240 millones de dólares anuales y, si se incluye a Botnia, la inversión extranjera directa superó los 1.400 millones de dólares anuales. Esto constituye una clara señal de la confianza en nuestro país que la política económica implementada por este gobierno generó entre los inversores.

Pero decíamos que el gobierno sigue pensando en el futuro y en inversiones que seguramente no se van a desarrollar en este período sino en el próximo, cualquiera sea el signo del gobierno. Nosotros estamos convencidos de que ese signo será el de una renovación de la confianza en el gobierno frenteamplista.

No obstante, por su parte, el candidato a presidente por el Partido Nacional pretende que los inversores posterguen sus decisiones hasta que el pueblo uruguayo resuelva, en octubre de este año, cuál será su nuevo gobierno. Solamente el hecho de plantear ante los inversores la posibilidad de una postergación, de generar un clima de desconfianza, no en este gobierno ni en el próximo, sino en el país, es absolutamente negativo para los intereses de la mayoría de los uruguayos, de esos uruguayos que han logrado, por medio de los empleos que se generan con las inversiones, mejorar sus condiciones de vida.

Lamentablemente, tenemos que oír que debemos esperar quizá seis meses para darle a los uruguayos la tranquilidad de que importantes inversiones se van a desarrollar en el país. Si los inversores hicieran caso a quien hoy ostenta la condición de candidato a la Presidencia, en esos seis meses algunos de ellos podrían decidir invertir en otro lugar y así perder la inversión, pero suponiendo que esperaran hasta diciembre, estaríamos pidiendo a los uruguayos que aguardaran seis meses para conseguir mejores oportunidades de trabajo.

Este gobierno, mediante una nueva reglamentación de la misma ley de inversiones que rigió en períodos anteriores (y que fuera muy mal utilizada en el pasado), logró extraordinarios resultados, e incluso en los últimos meses, en medio de la gran crisis internacional, un importante aumento en la cantidad y montos de inversión de los proyectos presentados y aprobados. En los primeros cinco meses de 2009, en plena crisis internacional y campaña electoral hacia las internas, ha aumentado en forma considerable, hasta duplicar, la cantidad de proyectos presentados que terminaron siendo aprobados por la Comisión del Ministerio de Economía y Finanzas que los estudia. Tanto la cantidad de proyectos como los montos de las inversiones han aumentado considerablemente, si los comparamos con lo que pasaba en el mismo período de 2008. Por lo tanto, ese pretendido riesgo no es sentido por los inversores, que, por supuesto, lo rechazan. Pero no son los únicos; varios analistas internacionales en estas últimas semanas destacan esta situación de Uruguay. Como ejemplo de ello, el 20 de mayo de 2009, cerca del final de la campaña electoral hacia las internas, la importante empresa internacional asesora en inversiones Moody’s decía que «en los meses recientes habían elevado la calificación de dos países de la región: Chile y Uruguay. La crisis supone un mayor desafío en materia crediticia para todos los países, pero también sirve para destacar a aquellos que están mejor preparados política y económicamente para enfrentarla».

Esto lo dicen desde el exterior, mientras que acá el candidato del Partido Nacional siembra dudas y pretende que los inversores esperen otras oportunidades (o lo que puede ser lo mismo, en estos momentos de incertidumbre por la crisis internacional, elijan otros destinos para radicar sus inversiones). Esto no es contra el gobierno actual, ni contra la fórmula electoral de un partido; esto atenta contra el interés nacional, atenta contra nuestro país y su pueblo.