Integración "congelada"

Existe una inexplicable falencia, en la actual coyuntura de nuestro ordenamiento institucional, que está impidiendo que el resultado electoral se traslade, como marca la Constitución de la República, a la integración de los organismos de contralor: Corte Electoral y Tribunal de Cuentas.

A poco de iniciada la acción del nuevo gobierno pareció que el tema quedaba resuelto como resultado de una intensa negociación en que intervinieron, representando al oficialismo y a la oposición frenteamplista, respectivamente, los senadores Alejandro Atchugarry y Reinaldo Gargano que, luego de un análisis del peso de las distintas fuerzas, acordaron cómo se integrarían dichos organismos.

Sin embargo hasta hoy, luego de haberse cumplido un año de acción de este gobierno y por misteriosas razones, el referido acuerdo que –según se informara– tenía también el visto bueno del propio presidente Jorge Batlle, no se ha cumplido, manteniéndose las anteriores integraciones, que nada tienen que ver con la correlación de fuerzas electorales existente en el país.

Esas integraciones, fundamentales para el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones, siguen hoy sin resolverse. Quizá en este tema haya metido su cola el diablillo de la ambición o el sectarismo político, impidiendo que se resuelva satisfactoriamente un asunto que indudablemente tiene una importancia superlativa. ¿Alguien puede negarlo, sosteniendo que el país puede seguir funcionando sin una adecuada y representativa integración de estos organismos?

¡Claro! Se viven tiempos difíciles, de enfrentamientos apasionados que llevan, en algunos casos, a que legisladores se descarrilan groseramente, tanto de palabra como de hecho (recordemos las declaraciones de Yamandú Fau, en un acto partidario previo al plebiscito del pasado 18 de febrero, en que sostuvo que los partidarios de derogar la primera Ley de Urgencia, intentarían un fraude), utilizando un lenguaje que es demostrativo de cómo las diferencias políticas se pueden convertir, en ocasiones y a la vuelta de cualquier esquina, en odio y desubicación. Si ese tipo de agresión política se produce en el marco de un plebiscito, ¿a que nivel de exaltación se podría llegar, en el caso de una elección nacional reñida?

De inmediato aparece la segunda interrogante. ¿Cuál es el nivel de seguridad jurídica que puede ofrecer una Corte Electoral congelada en su integración, desconociendo lo establecido, nada menos, que en la Constitución de la República en cuanto a las proporciones?

En otro orden de cosas, cuando en el país existe una tendencia a tomar decisiones trascendentes en torno a la propiedad de empresas públicas, ¿cómo alguien podrá adoptar resoluciones u oponerse a ellas, estableciendo decisiones que limiten la soberanía de los uruguayos sobre la propiedad de parte del Estado, si el Tribunal de Cuentas también se mantiene con su integración histórica?

Aquí lo que está en juego no es sólo la intención, casi desaforada, de no perder cargos públicos, sino, el funcionamiento mismo de nuestro ordenamiento institucional, agrediéndose en forma grave a nuestra propia democracia.

Y ello, ¿por qué razón? Esa interrogante debe ser despejada de inmediato por quienes tienen en sus manos los resortes políticos para resolver el tema. ¡No es posible, no entra en la cabeza de ningún ciudadano preocupado por el futuro institucional del país, que la actual integración de los organismos de contralor se mantenga eternamente! Por ello parece necesario que el gobierno explique lo que está ocurriendo, por qué no se cumple con la Constitución de la República.

¿No será que detrás de todo este complicado asunto están algunas mentes calenturientas a las que –como el caso que señalamos anteriormente– no les importa trancar decisiones, sin entender que con ello se está vulnerando lo que indica la Carta Magna, prefiriendo el mantenimiento ilegítimo –como en este caso– de integraciones que nada tienen que ver con la realidad electoral del país?