En la puta vida

No se engañe el lector. Simple espectador, el columnista no se aventura en la crítica cinematográfica (que además resultaría anacrónica dada la antigüedad del filme mencionado). Tampoco se trata, espero, de una desmesurada caída en el mal gusto o en la grosería gratuita. Solo se toma de prestado el título de la conocida película nacional de Beatriz Flores Silva. Queremos hablar, en cambio, de ciertos temas nunca antes referidos en los discursos electorales, y que sorpresivamente fueron empleados en la reciente campaña de las internas de los partidos, cuyos debates de a ratos se cruzaban, y permitían que la oposición expresara algunos de los aspectos que entiende criticable de la gestión del actual gobierno.

Uno de esos temas en que se pretendió hacer certero blanco, resultó ser la andanada de leyes laborales que modificó muy sustantivamente el paisaje legislativo que venía desde la posdictadura. Muchos de los que vieron positivamente este proceso creyeron advertir una especie de impulso reformista que evocaba al promovido por el batllismo en los primeros años del siglo pasado, impulso que conociera su freno en filas de su propio partido y del Partido Nacional. Según cierto asesor de las cámaras empresariales, habrían ascendido a 36 el número de leyes laborales aprobadas por el gobierno asumido en 2005.

Los dos candidatos del Partido Nacional, rápidamente consustanciados como por efecto metonímico en la misma noche del conteo de votos, cuando las urnas estaban todavía sin vaciar del todo, criticaron muy duramente al gobierno por el conjunto de las leyes aprobadas en el período. Sin embargo, la reforma laboral no hizo otra cosa que cumplir con compromisos internacionales que nuestro país tiene asumidos mediante convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Se trató, por ejemplo, de cuestiones tan sencillas y básicas como fijar límite horario a la labor de algunos sectores (¿postergados? ¿olvidados? ¿humillados?), como los trabajadores domésticos y rurales ¡un detalle en el que ningún gobierno había reparado! O se aseguró el ejercicio de la actividad sindical sin arriesgar el empleo, merced a la prohibición del despido discriminatorio. ¿Merecía esa norma tan elemental para un Estado de Derecho ser aprobada con solo los votos de los legisladores oficialistas? ¿Por qué se alineó la oposición en las posiciones más conservadoras? ¿Privó el cálculo mezquino y de corto alcance al reconocimiento de los derechos básicos de las personas? La oposición, en lugar de mostrar independencia de criterio, se sumó al reclamo de quienes en un infeliz juego de lenguaje calificaron al gobierno de «cívico-sindical». Anunciaron en esa oportunidad el retiro inminente de los inversores y una afectación grave del derecho de propiedad (suena a música conocida, de estribillo pegajoso e inverosímil). ¿El ex presidente que ahora se postula nunca fue informado que la Organización Internacional del Trabajo observaba anualmente a nuestro país por no cumplir con el Convenio 98 que prescribe la protección a la actividad sindical? ¿Tampoco supo que fuimos expuestos en la propia reunión plenaria de la OIT como incumplidores del Convenio 131 porque el gobierno no consultaba desde 1990 a las organizaciones de trabajadores y empleadores acerca de la fijación de los salarios mínimos? Siempre pudo más su dogma desregulador. Ahora los salarios mínimos son fijados mediante negociación tripartita en Consejos de Salarios, mientras que desde los años noventa se fijaban por el Poder Ejecutivo en niveles ridículos. La reforma laboral alcanzó a regular los procesos de tercerización en forma similar a Chile, ejemplo favorito de modernidad en casi todo. Con esta normativa, la tercerización empresarial, inevitable para una mejor adaptación de la producción a mercados cambiantes, dejará de constituir un mero mecanismo de precarización del empleo para trasmutarse en una genuina estrategia de competitividad. En adelante las empresas si no quieren verse expuestas a reclamos, deberán poner cuidado en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por quienes contraten, moralizando de paso la contratación privada.

En fin, no queremos abrumar al lector y estamos lejos todavía de las 36 leyes a que refería el colega asesor empresarial.

Lo que en definitiva resultó significativo en el discurso electoral de la oposición fue la presencia de lo laboral como uno de sus ejes temáticos. Algo nunca antes visto, ciertamente. ¿Alguien recuerda una elección en la que se debatiera sobre la obligación de negociar un convenio colectivo? ¿Los memoriosos tienen registro de titulares de periódicos que refieran al dilema de si las condiciones de trabajo debieran de acordarse de manera tripartita o si ello afecta la libertad de los empresarios?

En estos días hubo una movilización de trabajadores que reclamaron la pronta aprobación del proyecto de negociación colectiva a estudio del Parlamento nacional. Todos los sectores políticos dicen estar de acuerdo en que deba existir una ley de ese tipo, pero ninguno de los opositores llevó adelante una iniciativa similar en su momento, y todo parece indicar que ninguno votará el proyecto. A lo sumo, los memoriosos recordarán que una comisión para estudiar el asunto fue convocada en tiempos de la ministra Piñeyrúa, hace más de diez años. Al término de las discusiones, lo previsible: la falta de acuerdo entre los actores sociales impidió que el gobierno… ¡gobernara!, o sea, rompiera la inercia y promoviera un proyecto propio. Hay cuestiones centrales en las relaciones entre capital y trabajo que no encontraron consenso entre los actores sociales en 1998 y tampoco en 2009. El consenso total es una ilusión, lo saben todos, pero ello no debiera ser óbice para resolver los problemas sin diluirlos y postergarlos en morosas comisiones de estudio. En ese caso, es mejor decir, con el poeta Gabriel Celaya, «Cuando os digan que el problema va a estudiarse/salid gritando a la calle/ las razones que los justos llamarán irracionales».