Hacia el fin de la democracia tutelada

La trascendencia del acto electoral de octubre cuando se enfrentan la profundización del camino emprendido por el primer gobierno del Frente Amplio y la restauración neoliberal, no debe olvidar ni un instante los dos plebiscitos: el del derecho al voto de los uruguayos, cualquiera sea el país de residencia, y el de la superación de la democracia tutelada por otra más plena.

Ante la resistencia heroica y tenaz de los pueblos del continente contra las dictaduras asentadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) de tipo fascista, y el temor de la propagación de revoluciones como la que había en Nicaragua, la estrategia de EEUU y de los sectores de las burguesías nativas vinculados al imperialismo, opta por un repliegue ordenado de la estructura de poder afirmada en esos años de despotismo exacerbado. Se trata de que el régimen democrático aparezca en la superficie, dé la cara al mundo; pero por debajo, se mantenga una estructura que lo condicione ideológica, política, jurídica y militarmente, basada en dicha Doctrina y su aparato de instrumentación controlados por ese bloque dominante.

De esa forma, el fascismo dependiente y la democracia tutelada que le sucederá son cartas tácticas alternativas de la estrategia imperialista. En Uruguay el Partido Colorado es el principal promotor de esa salida, y con los mandos de las Fuerzas Armadas, preserva la maquinaria de guerra y represión. El Pacto del Club Naval (1984) permite la «retirada honrosa» de las FFAA y la DSN: en él, la izquierda cede posiciones a cambio de obtener cierto espacio democrático

Para que las clases dominantes alcanzaran sus objetivos en esa coyuntura, no era imprescindible que se pactase expresamente la impunidad. Alcanzaba con que el efecto político del acuerdo desmovilizase al movimiento de masas para minimizar en lo posible las conquistas que pudiese alcanzar, y que sirviese para ocultar al pueblo el objetivo subyacente de la reacción que condujo a esta salida y que tiene como un punto esencial la impunidad de los verdugos. En los hechos nace un condicionamiento fundamental para la democracia restablecida: el régimen democrático se permite mientras no afecte a las FFAA y su DSN, mientras los gobiernos no apunten contra las imposiciones del imperialismo. Las elecciones del 84 sellan la salida, asegurada por la victoria del Partido Colorado.

En diciembre de 1986, la tutela de la democracia se afirma con la aprobación de la ley de impunidad. La resistencia popular de un lado, y la presión militar más la firmeza colorada amparando a los verdugos del otro, conduce a la dirección del Partido Nacional a ser más realista que el rey, porque mientras los participantes en el Club Naval afirmaron que en sus deliberaciones no se tocó el tema de las violaciones a los derechos humanos, recién ahora la dirección blanca se esfuerza en `mostrar’ que se pactó expresa o tácitamente la impunidad. De allí en más, el P. Nacional cederá al chantaje militar a cambio de nada, a consolidar la tutela, deseoso de «dar vuelta la página», cooperando en la Operación Olvido de los crímenes.

El régimen de democracia tutelada hereda en parte las contradicciones de la dictadura fascista y cobija otras. Su contradicción básica y determinante es que, se compromete a administrar los intereses del imperialismo y de la burguesía nativa asociada en condiciones de crisis, asegurando el mantenimiento de las FFAA como fuerza de reserva; y al mismo tiempo, apela a la legitimidad democrática y al apoyo popular, o a la apariencia del mismo

Desde 1985, y más notoriamente desde la ley de impunidad, Uruguay vive la opción de seguir fiel al imperialismo norteamericano o ser nación soberana, entre aceptar la democracia tutelada o romper con esa tutela. Ese régimen en sí es un régimen de crisis y nace cuando el imperialismo ya no puede oponer a la lucha popular un régimen fascista sólido. Pero los intereses objetivos y la creciente conciencia del pueblo, en lento aunque inevitable desarrollo, han terminado por oponerse frontalmente al programa de este régimen, que necesita ser al menos tolerado por el pueblo para sobrevivir.

Los avances parciales, concretos y sólidos en materia de derechos humanos de este gobierno, han generado las condiciones para que -pese a posturas conservadores aún en las filas del Frente Amplio- el pueblo uruguayo adquiera conciencia de que eliminar la ley de impunidad hace a la esencia de la misma democracia liberal: igualar a los ciudadanos ante la ley para que no haya hijos y entenados, civiles y militares, medidos con varas distintas. Y eliminarla es tarea de principal importancia, que debe reunir a los frenteamplistas con ciudadanos de otras colectividades que comparten esa aspiración democrática. A no olvidarlo ni un instante.