Lo oculto, lo autoritario, lo antijurídico

La última decisión del Poder Ejecutivo, de aumentar los precios de todos los combustibles, ha dado lugar a importantes protestas de todos los sectores involucrados por los efectos de dicha resolución y, en definitiva, de todo el pueblo que se enfrenta a un factor más de carestía y de disminución de sus ingresos. Y a una nueva ocultación y a un nuevo engaño, ya que fue el propio presidente Batlle quien, según las crónicas palaciegas, había solicitado a los jerarcas del ente y a sus ministros competentes que debía lograrse una rebaja en los precios, para acompasarlos a los que rigen en los otros países del Mercosur.

La contradicción entre dichos y hechos aparece, pues, como inexplicable. En un año, la inflación apenas alcanzó un 5% y los combustibles se alzaron en un 30% promedial, llegando la nafta «supra» a un 42%. Pero no es el producto el que sube en su precio de origen –pues más bien desciende–, sino que lo que resulta insaciable en nuestra más pequeña comarca es el afán fiscalista de nuestros gobernantes, dispuestos a cualquier atropello cuando ven que en sus columnas contables, las cuentas no cierran como ellos quisieran o como quisieran los organismos internacionales que nos mandan.

Lo que nos interesa señalar ahora es la arbitrariedad y el autoritarismo, como notas dominantes del obrar gubernativo. Ya en estas mismas páginas, hace ya varios meses, nos hemos referido al tema y la conducta del Poder Ejecutivo, desde entonces no ha variado. Este es un nuevo caso a considerar, más allá de otros que le han precedido y seguramente de otros muchos que le sucederán.

Dijimos antes que la contradicción entre dichos y hechos es inexplicable y que el pueblo ha sufrido un nuevo ocultamiento en este caso. Ello es certeramente así. Nada le es explicado a la opinión pública y el ocultamiento de los hechos o de los factores que impulsan las decisiones gubernativas es una típica configuración de la arbitrariedad y el autoritarismo. Por el contrario, el respeto al enunciado libertario: «El pueblo quiere saber de qué se trata», es el fundamento de la democracia y del ejercicio de la libertad. Y hay que practicarlo siempre, sin excepciones.

Veamos la decisión del Poder Ejecutivo, tal como ha sido publicada en la prensa, suscrita por el presidente y sus dos ministros, de Economía y de Industria. Dice su texto inicial: «Visto: El Oficio Nº 52.201-D, de fecha 22 de febrero de 2001, cursado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, por el que se solicita la aprobación de nuevos precios de venta para los combustibles, disolventes, asfaltos, emulsiones asfálticas, alcohol carburante y productos especiales que se mencionan». «Resultando: Los fundamentos que llevaron a dicho ente para fijar los nuevos precios que se encuentran detallados en el mencionado Oficio y no merecen objeciones del Poder Ejecutivo. Atento: …etc.». Es decir, el referido Oficio 52.201 de 22/febrero/2001, contiene «… Los fundamentos… de los nuevos precios… que no merecen objeciones…».

No merecen objeciones, pues, a un Poder Ejecutivo que pocos días antes había pedido la rebaja de los mismos al jerarca máximo del ente público. Todo, pues, inexplicable y oculto. Sólo los directores de éste, los dos ministros firmantes y el Presidente, tuvieron primario acceso al Oficio 52.201. Hasta hoy no se han hecho públicos los tan convincentes «fundamentos» de los nuevos precios. El pueblo nada sabe, nada puede discutir, todo le viene impuesto desde las alturas. Ni siquiera sus representantes parlamentarios han dado a conocer el «Oficio» cursado por la Ancap al Poder Ejecutivo, al que tanto conmovió como para aceptar los nuevos precios.

La publicidad de los actos de gobierno es la mejor garantía para salvaguardar el estado de derecho que supuestamente rige en nuestro país. Aquí el ocultamiento resulta evidente sobre un caso que interesa y mucho a la opinión pública. Y este hecho debe denunciarse con severidad. No debe admitirse esta forma de gobernar el país.

Igual ocurre con la antijuridicidad que preside el accionar del Poder Ejecutivo. Porque nos resulta, por ejemplo, muy claro que el cambio de naturaleza en la integración de los directorios de los entes públicos, o en la admnistración de partes de sus servicios, que de ser órganos públicos, pasarían a ser regidos por sociedades anónimas (y es irrelevante que las acciones estatales sean mayoritarias o minoritarias), resulta ser una transformación groseramente inconstitucional. Que creemos debe ser la primera acción procesal a emprender contra tales disposiciones legales, antes incluso que dar impulso a referéndums, más allá de otras respetables consideraciones políticas.

A cada paso hoy nos encontramos con leyes que derogan preceptos constitucionales, en su letra o en su espíritu. Como también, tales preceptos son embestidos por simples decretos que a su vez intentan derogar leyes vigentes. Y aun meros reglamentos u ordenanzas, o normas licitatorias, atentan contra principios legales y constitucionales. Todo el sólido edificio del ordenamiento jerárquico normativo –primera lección que recibe un estudiante de Derecho– resulta ser así una mera especulación intelectual destruida en el quehacer gubernativo y en la ingeniosa construcción de las leyes de urgencia. El autoritarismo sigue ganando batallas. Antes con medidas de seguridad, ahora con tales burdas leyes que no justifican su mentirosa urgente consideración. Por eso sigue siendo bueno para quienes nos gobiernan que el pueblo no se entere. Mal camino han elegido. Deben corregirlo para evitar un mal fin.

* Abogado