Todos piden transparencia

Los ecos del tarifazo del 24 de febrero resonaron el miércoles en territorio de la Comisión Permanente del Poder Legislativo con la presencia del ministro de Economía, contador Alberto Bensión.

Aunque el motivo de la convocatoria era otro, el ministro, mostrando la preocupación del Poder Ejecutivo ante los indicios de malestar de amplios sectores de la población, se adelantó a cualquier requerimiento y pidió ser escuchado en un intento de explicación acerca de cómo se fue conformando el índice de aumento a que se sometió a los combustibles.

Dado que, en función de las disposiciones reglamentarias, en la instancia de la Comisión Permanente, sólo desarrolló su pensamiento el representante del Poder Ejecutivo, el tema seguirá en el orden del día en la próxima semana.

No es para menos.

En primer lugar, por la importancia que tendrán los aumentos de los combustibles en el incremento general de los precios y en particular los del transporte y de la producción rural; en segundo lugar, porque están en juego los destinos de uno de los entes autónomos de mayor importancia estratégica en el país, la Ancap y, en tercer lugar, por el conjunto de circunstancias que rodearon a la aprobación de los aumentos de precios por parte del Directorio del organismo.

Hacía ya bastante tiempo que una resolución de este tipo no levantaba tantos rechazos y críticas como la adoptada por la mayoría colorada del Directorio de Ancap.

Según surge de las declaraciones de los integrantes del Directorio que pertenecen al Partido Nacional, la «orden del aumento vino de arriba» y los directores colorados acataron las decisiones del Poder Ejecutivo, desconociendo las disposiciones de la Ley Orgánica del ente, que establece el principio de la autonomía y regula con precisión cómo resolver las divergencias entre el Ministerio (o los ministerios) y las autoridades del organismo.

El episodio tarifario –y las explicaciones del ministro Bensión– seguirán entonces en el centro de la atención pública.

En ese sentido, el senador del Frente Amplio-Encuentro Progresista Reinaldo Gargano ha desarrollado la importancia de llamar a Sala al ministro de Economía, sobre la base del carácter insatisfactorio de las explicaciones formuladas en la improvisada reunión de la Comisión Permanente.

Para el senador socialista en la decisión sorpresiva del 24 de febrero hay un evidente «afán fiscalista»: una parte importante del aumento promedio de 8% –agregó Gargano– «está destinado a aumentar la recaudación para Rentas Generales… Otra parte importante va a compensar las pérdidas que tuvo Ancap, que no obedecen sólo al precio del crudo (…) sino también a negocios fallidos que hizo Ancap».

El legislador, partidario de realizar una interpelación, agregó algunos otros argumentos consistentes: «El aumento del 8% incrementa la recaudación en 55 millones de dólares. Una idea de la magnitud de esta cifra surge comparándola con lo dispuesto para auxiliar al agro (baja de la Contribución Inmobiliaria y los aportes al Banco de Previsión Social)».

De todos modos, el próximo lunes tendrá lugar otra instancia trascendente. Nos referimos a la reunión prevista entre la Mesa Política del Frente Amplio, la Federación Ancap y el Directorio del ente.

Si bien la reunión proyectada en el Hotel Riviera no tenía como tema el aumento, el carácter polémico de la decisión de la mayoría colorada y el conjunto de factores en juego conducirá a que el asunto sea el centro de los intercambios.

Una instancia que en lo político contribuirá a definir si hay, o no, interpelación y que, para la opinión pública constituirá un momento de información y de transparencia a las que, hasta el momento, no ha tenido acceso.