Arinsa: dejar en paz a los asesinados

Sinceramente no quería referirme a esto. Pero hoy me llamó el entrañable «Cacho» –con quien he tenido tantos encuentros como desencuentros– y, sin que fuera esa su intención, me hizo subir más aún la presión, en el intercambio de comentarios sobre la impudicia a la que estamos asistiendo en torno a la fábrica asesinada. Rememoramos viejas luchas, que siempre supimos de resultados muy inciertos, pero no obstante nunca imaginamos ni remotamente tan groseras y –repito– impúdicas maniobras, no ya contra aquella empresa y su fábrica, sino contra la dignidad del departamento de Soriano, al cual cualquiera, en cualquier momento, le mete el dedo donde se le ocurra, al tenor de éste como de distintos hechos que suceden.

No otra cosa puedo decir ante la información oficial y oficiosa que circula sobre el supuesto juicio, que el empresario «de raíz colorada», según sus propias expresiones de aquel momento, beneficiado con la adjudicación del crédito hipotecario, le iniciaría al Estado uruguayo, por 9 millones de dólares. Esto, que no sería posible ni en Haití o en Nigeria, parece que alguien tiene el tupé de promoverlo en el Uruguay de hoy. Que no se les haga tanto el campo orégano, porque los pueblos saben siempre romper las cadenas… Y de ninguna manera nadie va a pagarle ni un peso. Muchos no lo vamos a permitir, porque no somos esclavos de la hipocresía. Tampoco de las formas, por lo cual no ofendemos ni tememos, aun cuando acusemos, pese a todos los peajes que tengamos que pagar.

Por lo antedicho, por la carga emocional que tiene el tema, no puedo referirme al mismo ahora en términos jurídicos. Va de suyo lo de aberrante como pretensión actoral en supuesto juicio contra el Estado, es decir, contra todos nosotros, ciudadanos y habitantes, de Soriano y del Uruguay. Si bien desconozco la negociación final, puesto que nunca nadie me facilitó información respecto a la misma, salvo lo publicado en la prensa, poseo varias carpetas con antecedentes relativos al tema, desde antes de la instalación de la fábrica, hasta esa última y coercitiva «negociación» que se concretó en la cesión del crédito hipotecario, del cual era titular el BROU, a la empresa denominada «Ugalur SA». Resumiendo, para mejor comprensión del común de la gente: el acreedor hipotecario era el BROU; el deudor hipotecario era la empresa «Arinsa»; la garantía hipotecaria era la fábrica, sus instalaciones, no el terreno; para poder hipotecar se obtuvo el consentimiento del Ministerio de Cultura, titular del terreno, otorgando y firmando la escritura de hipoteca, en representación del Ministerio, una apoderada. Tengo a la vista la escritura de hipoteca original y una posterior ampliación, de donde surgen los datos referidos, como asimismo el certificado del Registro de Inhibiciones, con las inscripciones de los embargos contra la empresa «Arinsa» y contra sus directores, los famosos «fiadores solidarios», liberados, según la prensa, en el último tramo de la «negociación». Es decir, el negocio no se hacía si los directores no le pagaban al Banco República. Como el negocio se hizo es de suponer que los directores pagaron. De modo que «Ugalur SA» no puede ejecutar una deuda que no existe y menos contra el Estado uruguayo. Esto bien que lo sabía el principal de «Ugalur SA», puesto que el suscrito se lo reiteró por la prensa. Había comprado un crédito litigioso, pero no tenía la titularidad del dominio sobre la fábrica. Una última curiosidad, por ahora: el embargo del Banco República contra la empresa «Arinsa» era por 8 millones de dólares. La empresa «Ugalur SA» compró el crédito contra la empresa «Arinsa» en 1 millón de dólares (aún cuando no sabemos si efectivamente lo pagó). La suma de 9 millones de dólares es lo que reclama –según la prensa– «Ugalur SA» al Estado, es decir, a los uruguayos. Le regalaron la fábrica y todavía quiere sacarnos la plata que teóricamente –sin quitas– debieron pagar los directores-fiadores solidarios. Es, realmente, una verdadera joda.

Más allá de que la intención última sea presionar para obtener el terreno, propiedad del Ministerio de Cultura, duele que se actúe de esa manera, tan burda. Sobre todo a los que creímos siempre que el departamento y el país se desarrollaban a través de la producción y el trabajo, armonizados por la actividad política, la más noble de las actividades humanas. Hoy, que dejamos de creer en todo eso, solamente alzamos nuestra voz para pedir que se respete a los asesinados.

(*) Escribano