Defender a Ancap es defender al país

Cuando todavía no se han acallado los ecos de la jornada del 18 de febrero, en que medio millón de ciudadanos expresó una clara voluntad de rechazo al proyecto neoliberal y de búsqueda de otros caminos para la patria, en momentos en que el gobierno –tal vez aquilatando correctamente el significado político de la votación anterior– anuncia una voluntad dialogante en torno a la venta del 40% de Ancel, en este mismo momento, las decisiones que se anuncian presagian horas funestas para Ancap.

Es que la efectivización simultánea del aplazamiento de la remodelación de la refinería y la desmonopolización de la importación de los combustibles significaría ni más ni menos que la muerte del ente estatal, orgullo y patrimonio de todos los uruguayos, fuente importantísima de ingresos para el estado y pieza estratégica imprescindible en cualquier alternativa de desarrollo.

Porque nadie puede discutir que aquí estamos ante un área estratégica y esencial que no puede perderse para el patrimonio nacional y el futuro del país.

La realización de las obras comenzadas en la refinería constituyen el único camino para colocar a Ancap en situación competitiva en la fecha prevista de fines del año 2002.

En caso contrario, la presencia en el mercado de productos competitivos, de mejor calidad y bajo precio, liquidaría al ente estatal.

Y no se trata aquí de la a veces anunciada desmonopolización como consecuencia de exigencias del proceso de integración regional sino de la voluntad unilateral del gobierno uruguayo. Y que en su coincidencia con la suspensión de la remodelación sólo puede interpretarse como la expresión del pensamiento neoliberal en su versión más destructiva, aquella que arrasa con lo que ha sido construido por generaciones de uruguayos a cambio de todas las ganancias y beneficios para las trasnacionales del petróleo. Claro que el tema no es meramente ideológico o de debate técnico y racional, sino de elegir a qué intereses se está defendiendo con estas opciones.

La no continuación de las obras tendría otras consecuencias tremendamente negativas.

No solamente nos quedaríamos sin la refinería sino que habría un tremendo costo a asumir: evaluado entre U$S 49.160.000 y U$S 71.660.000 (sumando a los 30 millones de costos ya realizados hasta el 31 de enero, los costos de cancelación de contratos y los costos de normalización de las obras que habría que interrumpir.)

Al mismo tiempo, esta circunstancia debilitaría la imagen institucional de Ancap, comprometiendo su posición ante futuros emprendimientos o negociaciones con otros actores financieros o productivos.

Por el contrario, la continuación de las obras permitiría a Ancap tener para fines del año próximo una refinería adecuada tecnológicamente, mejorando la calidad de sus productos y pudiendo así enfrentar no sólo la competencia sino también colocar sus refinados en la región y continuar su presencia fuera de fronteras.

Claro está que el discurso oficial va a querer justificarse invocando alternativas al proyecto tales como la inversión y asociación por parte de un socio estratégico y la realización de nuevas instalaciones con las que se podría contar entre 2005 y 2007. Pero en ese caso Ancap se enfrentaría, mucho antes, a un escenario competitivo sin haber adecuado la refinería para enfrentar la nueva situación.

Por el contrario, seguir con el proyecto en curso no es incompatible con la asociación con un eventual socio estratégico y fortalece a Ancap en las negociaciones con el mismo. Sin perder ni arriesgar el patrimonio del ente, con las debidas garantías y estudio específico de las propuestas concretas y con la refinería remodelada en marcha.

Son muchos los temas que la vida pone delante de nosotros al comenzar el año, el de Ancap debe ser asumido con fuerza por todos los ciudadanos que queremos preservar la capacidad de decidir el destino nacional.

En ese sentido es que concebimos el debate ideológico y programático con la derecha en torno a los modelos de país y a la relación estado-mercado-sociedad.

Esto pasa por aceptar y promover siempre los escenarios de diálogo, al mismo tiempo que ser sensibles a la movilización y a la expresión democrática de la ciudadanía para que ella resuelva, de acuerdo a nuestro orden constitucional, si las diferencias se mantienen y se revelan como insuperables.

(*) Médico psiquiatra, secretario general del Partido Socialista.