Amargos ecos de un tarifazo inesperado

El aumento de un 8.3 por ciento en el precio de los combustibles ha generado una oleada de malestar hacia el gobierno difícil de estimar.

Por cierto que no serán estos los días o las semanas sobre las cuales los sondeos de opinión «profesionales» e «independientes» harán públicos los resultados de sus investigaciones.

El gobierno nacional, que se ha revelado extremadamente hábil en el manejo de la información pública y de la imagen del Presidente, jugó la carta de anunciar los nuevos precios en vísperas de carnaval, apostando a amortiguar las reacciones públicas de los sectores más afectados por la medida.

No obstante, diversas voces han ido marcando el itinerario de los efectos negativos que el aumento desmesurado de las tarifas tendrá sobre el curso general de la economía del país.

El impacto sobre los transportistas, sector de gran importancia en la formación de los precios y en el conjunto de la dinámica económica, ha sido clara y contundente: expresan rechazo y decepción, se consideran víctimas de un despojo y de un engaño.

La mera comparación entre el discurso oficial, que pone el acento en lo que se ha dado en llamar la disminución del «costo-país» y el aumento de los precios de los combustibles, que los coloca ampliamente como los más caros de la región, ha confundido a diversos sectores de la opinión.

De este modo nos encontramos con que, simultáneamente, voceros de intereses y visiones diferentes coinciden en señalar su preocupación ante la falta de transparencia y los montos de los aumentos aprobados.

Así, un editorial de El Observador del miércoles 28 reflexiona en estos términos: «Si la razón de la suba fue la necesidad de cubrir apremiantes urgencias fiscales del Estado con mayor recaudación, correspondería que se lo explicara claramente a todo el país en el momento mismo de anunciarse la medida. En vez de esta demostración de respeto a la opinión pública, en línea con la trasparencia proclamada por la administración del Presidente Batlle y aplicada en varios casos, se optó por descargar el golpe silenciosamente en la penumbra de un viernes de noche, víspera de un largo feriado que distraía a buena parte de la población. El gobierno no vive, por cierto, su hora más prestigiosa en estos momentos».

Más incisivas y sugerentes resultan las declaraciones del señor Hugo de Mello, presidente de la Federación Ancap, sindicato representativo de un sector de funcionarios que sigue con preocupación los anuncios oficiales referidos al futuro del ente petrolero.

En un reportaje publicado en LA REPUBLICA de ayer miércoles, De Mello formula algunas hipótesis y algunas advertencias inquietantes.

El sindicalista empezó señalando «la sorpresa de los trabajadores ante la suba anunciada y que no existían elementos técnicos que ameriten un aumento de precios de estas características».

En sus declaraciones de Mello va más lejos plantando una conjetura que, de sustanciarse, resultaría particularmente grave y corrosiva: «Quizá no pase mucho tiempo para que esta suba se maneje como elemento para plantear la inconveniencia de tener una refinería y que los combustibles traídos del exterior resulten más baratos para la población, la industria y el agro».

La hipótesis es singularmente severa con la posición del gobierno.

De Mello refuerza su denuncia con otra, no menos grave: «Hay Directores de Ancap que están haciendo los máximos esfuerzos para detener las imprescindibles obras de remodelación de la Refinería de La Teja. El gobierno anuncia la eliminación de los monopolios que actualmente tiene el organismo, sin plantear cómo tenemos que preparar a la empresa para competir y, por otro lado, se produce un aumento de los combustibles sin justificación técnica. Todos estos elementos forman parte de una política de liquidación del ente».

Como surge del contenido de la nota, las declaraciones del portavoz sindical son de una enorme gravedad.

La necesidad de la mentada transparencia exige que sobre el punto se expresen rápidamente las autoridades aludidas.