Dar pescado, enseñar a pescar

Hace más de un mes atrás se realizó un seminario cuyo título significativo encerraba uno de los principales desafíos que tenemos ante nosotros. ¿Es posible un Uruguay sin pobreza?. Unos días más tarde, en el acto de presentación de los equipos de asesores del precandidato Mujica, dirigente frenteamplista y senador, nos convocaba a pensar, a ser creativos y revolucionarios a la hora de enfrentar nuestro futuro.

Más recientemente, en el acto de cierre de campaña de la 609 en la Plaza Lafone, Mujica reflexionaba acerca del Plan de Emergencia diciendo que quienes lo habían criticado por ser «asistencialista» nunca habían pasado hambre.

Y bien, ¿qué ha pasado en estos cuatro años?: los datos que se registraron desde que asumió el gobierno del Frente Amplio, señalan inequívocamente una tendencia clara y sostenida de reducción y eliminación de la indigencia y la pobreza en Uruguay; la desnutrición infantil bajó y miles de desocupados en situación de pobreza lograron reinsertarse en el mercado laboral; se han formado decenas de cooperativas sociales y mucho más; en suma asistencia para el primer paso y trabajo para seguir caminando.

Es evidente que aquellas tendencias no han sido fruto de la casualidad, sino y fundamentalmente obra y resultado de un cambio sustantivo de las políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Vázquez. Fueron y son transformaciones en tres direcciones; una concepción de los ciudadanos en tanto sujetos de derechos y no como meros objetos de la compasión pública; la puesta en marcha de planes y programas sociales eficaces y por último, la creciente articulación de políticas sociales con las políticas económicas.

La pobreza es un problema político, las respuestas y las decisiones son esencialmente políticas y nuestro gobierno ha asumido las opciones correctas y las prioridades que se había comprometido en la campaña electoral de 2004. En cuatro años, pasamos del 32 % al 21,7 % de pobreza y de un 3,9 % al 1,7 % de indigencia, es mucho en poco tiempo; aún cuando estos problemas sociales siguen siendo una prioridad nacional. Y actuar con espíritu creativo y revolucionario nos exige colocar algunas puntualizaciones importantes.

a) Dar pescado supone reconocer que hubo muchos uruguayos y uruguayas que necesitaban con urgencia del pescado para pasar de la sobrevivencia al pleno ejercicio de todos los derechos, y era evidente que sin la satisfacción de las necesidades básicas, poco se podía avanzar en otros planos. Es así que se implementó el Plan de Emergencia Social, con la distribución del Salario Social o Ingreso Ciudadano y la tarjeta alimentaria para los hogares en extrema pobreza.

b) Enseñar a pescar supone reconocer que todos tenemos potencialidades para desarrollar, que todos tenemos capacidades que ­aunque diversas­ necesitan ser estimuladas, incentivadas para su despliegue. Esta es la dimensión promocional de la política social. Que nadie se confunda, son necesarias ambas dimensiones, la asistencial (que no es asistencialismo) y la promocional, que implica impulsar procesos socioeducativos de medio y largo plazo, tal y como se hizo incluso desde el comienzo como parte del plan de emergencia. Ejemplos de este tipo de intervenciones públicas hay por docenas, el Programa Construyendo Rutas de Salida (20.000 hogares), el Programa Trabajo por Uruguay (18.000 hogares), el programa de alfabetización «Yo sí puedo» (4.800 personas), entre tantos otros.

c) Que haya donde pescar, un río o un mar, supone la existencia de una efectiva estructura de oportunidades la cual permita, a todos por igual, el uso y aplicación de los aprendizajes, de las capacidades, destrezas y habilidades para el desarrollo personal, familiar y colectivo (tener una caña de pescar y saber dónde obtener los frutos). Es decir que, el acceso al empleo se facilite, que el acceso a la salud sea equitativo, que la educación a todo nivel no sea un privilegio sino un derecho ejercido, que las posibilidades de construir una cooperativa o una unidad de producción social sean reales, que por fin, la plena conciencia cívica tenga la oportunidad de expresarse en una mayor participación en los asuntos públicos, que no es otra cosa que democratizar el poder.

d) El Plan de Equidad, hoy vigente desde enero de 2008, precisamente, empezó a cambiar radicalmente el sistema de protección social en Uruguay, a recrear las redes de sostén y promoción, a introducir un conjunto de reformas sociales (salud, educación, vivienda), a modificar las prestaciones no contributivas y articularlas con el sistema de seguridad social que también se transformó profundamente en estos cuatro años de gobierno frenteamplista. Vale decir, que la izquierda también fue generando la estructura de oportunidades.

e) Una política económica va de la mano con la política social, es así que la negociación colectiva a través de los Consejos de Salarios ha permitido el aumento sustantivo de los sueldos de los trabajadores y mejorado al mismo tiempo las condiciones laborales de las empleadas domésticas y de los peones rurales. El crecimiento económico medido por el PBI es redistribuido con justicia social, se favorece el desarrollo productivo estimulando la inversión, el empleo aumenta y genera más posibilidades para jóvenes y mujeres. El gasto público social (que en realidad es inversión social), creció y ello ha sido una decisión política por excelencia de nuestro gobierno, no por tener «sensibilidad social» sino por una profunda convicción de que resulta ser éste el camino para el desarrollo humano.

En suma, enseñar a pescar después de asegurarnos que todos los habitantes de esta patria tengan sus necesidades más elementales satisfechas y eso es alimentación básica. Educar, desarrollar potencialidades y capacidades, reconstruir las redes y vínculos de solidaridad, promover inclusión e integración social, brindar trabajo y oportunidades para que cada quien pueda forjarse su propio destino de felicidad y bienestar, pero no a expensas de otros, sino con los otros. Y lo hizo este gobierno de izquierda. En otras palabras, patria para todos.