Cámaras empresariales apostando a la confrontación y no al diálogo

La semana pasada, o la anterior (no recuerdo bien), escribí un artículo titulado «Frente a la crisis, más derecho laboral», en el que sostenía que, contrariamente a lo que sostiene la mayoría de las gremiales empresariales y muchos políticos de la oposición, en este contexto de crisis global del capitalismo no podemos pensar que una de las soluciones pasa por flexibilizar ni desregular las relaciones y derechos laborales; sino que, por el contrario, es necesario mantener las actuales relaciones laborales que se han ido construyendo de manera paciente, constructiva y colectiva, porque son una apuesta al diálogo, a la negociación, y a que el empleo sea de calidad.

Entre otras cosas demostré mediante argumentos y pruebas que la desregulación y flexibilización laborales impulsadas por los anteriores gobiernos, dentro de la famosa teoría del «derrame», y de las doctrinas emanadas por instituciones como el FMI y el Banco Mundial (que sostenían que mientras menos regulaciones laborales hubieran, más dinámico sería el mercado de trabajo), que demostraron ser comprobadamente falsas, acá y en el resto del mundo, ya que en la década pasada no se generaron ni más ni mejores puestos de trabajo.

Y por el contrario, fue más fácil despedir trabajadores, y se debilitaron los sindicatos.

Esta semana se cierra con otro ejemplo de lo que sostuve hace 15 días: me refiero a la actitud adoptada por las cámaras empresariales en relación al proyecto de ley de Negociación Colectiva que se encuentra a estudio en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes.

Para aquellos que puedan no estar enterados sobre qué trata el mismo, es un proyecto de ley que establece la normativa y mecanismos en materia de negociación colectiva entre patrones y trabajadores. Fue redactado y elevado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en el año 2007. Y se encuentra a estudio de la referida comisión desde setiembre del año pasado.

Me interesa especialmente remarcar este dato, porque queda claro que hace 2 años que el proyecto viene siendo estudiado, negociado, modificado. Hace 9 meses que el proyecto está en la comisión de Legislación del Trabajo.

Es algo sintomático, desde que asumió el actual gobierno, que frente a cada nuevo proyecto que intenta avanzar en la reglamentación y regulación de las relaciones laborales, creando así un marco jurídico moderno de las mismas ­dentro de una visión de izquierda-, las cámaras empresariales en general se han opuesto tenazmente a las mismas. Sucedió con la ley de Fuero Sindical, argumentaron que se iba a instaurar una «dictadura sindical»… hace 3 años que la ley está vigente, y no se ha dejado de despedir trabajadores, ni se impuso ninguna dictadura sindical en las empresas. Sucedió con la reglamentación de las 8 horas para los trabajadores rurales. Sucedió con la ley que otorga licencias por estudio a los trabajadores de la actividad privada. El caso de esta ley es particularmente interesante, porque todos (empresarios, políticos, sindicalistas, ciudadanos en general) compartimos la importancia de la formación y la cualificación de los trabajadores, pero cuando se pretende aprobar una ley que facilite a los trabajadores que estudien (exigiéndoles ciertos requisitos), resulta que los empresarios y ciertos políticos de la oposición pusieron el grito en el cielo.

Por eso no debería sorprender esta nueva actitud. ¡Dos años llevamos intentando alcanzar un nivel de consenso respeto a esta ley! A tales efectos le hemos introducido modificaciones, el más importante de todos, la eliminación del capítulo referido a las ocupaciones de los lugares del trabajo. Eso fue algo que el gobierno aceptó de parte de los propios empresarios.

Y sin embargo, se siguen oponiendo. Uno de los argumentos más increíbles y traídos de los pelos que se ha escuchado, es el que el proyecto consagraría la «cogestión» obrero-patronal de las empresas.

Es un argumento rematadamente falso. No hay, en el texto de la ley, mención expresa a la cogestión. Sí se recogen recomendaciones de la OIT referida a los métodos y mecanismos aplicables a la negociación colectiva. Pero tampoco es una actitud novedosa que las cámaras empresariales tomen de la OIT las recomendaciones que les sirven, y las que no… las ignoren.

No quiero ni pensar, qué actitud tomarían los representantes gremiales de los empresarios si este gobierno decidiera impulsar una verdadera ley de cogestión, como la que existe en algunos países europeos, como Alemania , España entre otros.

Manejan otros argumentos sobre el texto del proyecto, pero sería muy largo enumerar en este espacio todos y cada uno, y señalar los prejuicios y fallos de interpretación en que están basados.

Para terminar, sólo quiero remarcar la actitud de este gobierno y de nuestra fuerza política. En este proyecto, al igual que en muchos otros, ha sido siempre el de generar los consensos más amplios posibles, porque entendemos que son leyes importantes.

Pero también quiero señalar, que llega un punto, en que si el consenso es imposible, se hace necesario tomar decisiones. Porque para eso estamos, para gobernar. Y gobernar, implica tanto articular, negociar, consensuar; como, en última instancia, DECIDIR. Y cuando del otro lado, una de las partes lleva dos años poniendo peros a un proyecto, resulta más que claro que nunca hubo real intención de negociar, de alcanzar un acuerdo, y que ha llegado el momento de decidir.