Triste final

Hace algunos días llegó a su fin, en medio de un verdadero escándalo, la gestión de la ministra Daisy Tourne al frente del Ministerio del Interior.

El bochornoso final comenzó a gestarse cuando en la sede central del Partido Socialista, en una charla frente a miembros de la juventud partidaria acerca de temas de su cartera, dirigiéndose a adversarios políticos y al público presente (incluso la prensa), la ministra incurrió en todo género de improperios, exabruptos, expresiones soeces y groserías varias de la peor especie. A tal punto que Mujica, con su decir ya característico, pareció un catedrático de La Sorbonne frente a la integrante del Poder Ejecutivo.

Si la ministra renunció por iniciativa propia (como ella dice) o si el Presidente de la República le exigió la renuncia (como sostiene el vicepresidente) poco importa, pues en nada cambia el deplorable acontecimiento.

Culmina así abruptamente y de la peor manera una gestión muy desafortunada, signada por un talante personal siempre soberbio, autosuficiente, coronado por más de un desplante (actitudes asumidas principalmente a través de la prensa, pero trasmitidas de ese modo a la ciudadanía).

Tal vez los dos aspectos más rescatables de su mandato fueron el tímido incremento de los salarios policiales y el impulso en materia de asuntos internos (que registra como antecedente la jerarquización de la ex Fiscalía Letrada de Policía, resuelta en los acuerdos multipartidarios del Hotel Victoria Plaza previos a la segunda Administración del presidente Sanguinetti, y que se efectivizó a fines de 1995 y principios de 1996, ministro del Interior Dr. Didier Opertti).

El primero, absolutamente insuficiente tan solo si se considera que se otorgó durante el período de mayor bonanza económica y crecimiento del país desde la década del 50, y apenas si se le compara con lo que perciben los porteros de las empresas públicas o los conserjes del Palacio Legislativo. El segundo, igualmente insuficiente.

En todo lo demás, el saldo de su gestión (la de ella y la de toda la jerarquía política ministerial) resultó francamente deficitario.

Apenas digamos que no se avanzó en la mejora de gestión ni en la administración de los recursos; no hubo aporte legislativo alguno en materia de seguridad pública o ciudadana; generó una crisis sin precedentes en el sistema carcelario que trascendió fronteras y que llevó al comisionado de Naciones Unidas a asimilar nuestra realidad carcelaria con la de los países más atrasados del mundo; toleró la violación flagrante ­vaya paradoja­ de los más elementales derechos humanos de miles de personas recluidas, frustrándose de esa manera cualquier tipo de rehabilitación y propiciando una altísima tasa de reincidencia, todo lo que conforma un círculo vicioso (habitualidad delictiva) casi imposible de quebrar.

Además, los delitos con componente de violencia (rapiñas, copamientos, violaciones, arrebatos, etcétera) han crecido exponencialmente, de igual modo que la participación en ellos de menores de edad.

Luego de todo lo cual, como contracara de una misma realidad, los niveles de seguridad colectivos han decrecido en forma alarmante, y por consiguiente, la calidad de vida de la gente se ha visto muy afectada. Ello simplemente porque los demás bienes y derechos fundamentales del ser humano, como la vida, la libertad, los bienes materiales, la libertad ambulatoria, etc, etc, no pueden disfrutarse ni aprovecharse a plenitud e integridad, sin un mínimo de seguridad.

En fin. No obstante el panorama descrito, este episodio final protagonizado por la ministra resulta mucho más negativo que la crítica situación que viene de esbozarse.

En primer lugar, porque la cuestión de la inseguridad reinante, un fenómeno en sus diversas facetas complejo ­aquí y en muchos países­ y de origen multicausal, no es responsabilidad exclusiva de la ministra, ni siquiera de esta Administración. Se ha agravado notoriamente por responsabilidad de la ministra y del gobierno, pero no es de su exclusiva responsabilidad.

En segundo lugar, pero absolutamente fundamental, porque el hecho tiene directa vinculación con dos aspectos centrales, definitorios del estado en que se encuentra la sociedad uruguaya por estos días: lo institucional y lo cultural.

En lo institucional, la actitud de la ministra, en su carácter de secretaria de Estado, comprometió al Estado y al gobierno, también comprometió gravemente al Ministerio del Interior y, por fin, comprometió la imagen de la Policía Nacional.

En lo cultural, el episodio (una ministra que además es maestra, dirigiéndose a jóvenes, potenciales educandos) muestra ­una vez más­ que aquel Uruguay referente mundial del pensamiento, de las letras, de las ciencias y del arte, del alto nivel educativo de su población, del grado igualmente elevado de instrucción cívica de su gente, tristemente, ya no existe.

Aquel Uruguay de Carlos Vaz Ferreira, José Pedro Varela, Eduardo Acevedo Díaz, José Enrique Rodó, Francisco Espínola, Juan Zorrilla de San Martín, entre tantas y tantas otras figuras emblemáticas de nuestra cultura, literalmente se ha caído a pedazos.

Más allá de las causas del derrumbe de aquel país, sin duda muy profundas e inabordables aquí, habrá que trabajar mucho, pero mucho, durante muchos años en educación, si queremos volver a ser un pueblo culto y desarrollado.

Finalmente, un voto de confianza para el nuevo Ministro, es lo que tiene que proporcionar a la sociedad, confianza.