Hacia la solución de un problema endémico

Bajo la administración actual del Frente Amplio, entre otras políticas sociales que se destacan por su propósito de atender las urgencias de las clases populares, se han dado pasos importantes en lo que tiene que ver con la accesibilidad a la vivienda propia.

El gobierno del doctor Tabaré Vázquez se encontró con un panorama desalentador en esa área. Un Banco Hipotecario al borde de la quiebra y un Ministerio de Vivienda inoperante, sin planes ni ideas. Las nuevas autoridades debieron enfrentar una situación delicada, y con imaginación y voluntad lograron reconvertir al Banco Hipotecario así como diseñar una política de vivienda sólida y responsable, tratando de orientar esa política hacia la meta de lograr que los sectores desprotegidos y la clase media baja pudieran acceder a una vivienda decorosa.

Bueno es recordar cómo el Plan Nacional de Vivienda, instrumentado en los años previos al golpe de Estado, fue abandonando paulatinamente las metas para las que se había implementado hasta convertirse en una caricatura de la idea original. El resultado es por todos conocido: por un lado, quienes accedieron a los créditos otorgados por el BHU se encontraron de pronto con que no podían hacer frente a las cuotas, al tiempo que al cabo de un tiempo de haber aportado rigurosamente mes a mes, debían lo mismo o más que al comienzo; una situación demencial que obligó a miles a desprenderse de la vivienda adquirida en tales condiciones.

Por otro lado, el Banco se fue descapitalizando merced a un gerenciamiento erróneo, a maniobras inmobiliarias fraudulentas y a una cartera de deudas infladas e incobrables. A tal punto llegó la situación del BHU que varios economistas, contadores y financistas especializados consideraron que esa emblemática institución estatal no era viable y aconsejaron el cierre liso y llano.

Mientras, los asentamientos, cantegriles o chabolas, y las viviendas precarias en donde se alojaban los excluidos crecían en todo el país de manera exponencial. Y las clases populares y medias, por su parte, debían dejar de lado sus expectativas de acceder a una vivienda propia confortable y decorosa o se veían obligadas a dejar el apartamento al que con tantos sacrificios habían accedido al no poder hacer frente a una cuota que se reajustaba de acuerdo con parámetros que no tenían en cuenta la realidad social. Esos sectores bajos y medios bajos engrosaron así el conjunto de uruguayos que deben habitar una vivienda alquilada, con lo cual el precio de los alquileres se elevó notoriamente.

La vivienda es un derecho consagrado en la Constitución. No obstante, al igual que otros tantos derechos que pomposamente la Carta establece para los habitantes del país, no se cumple a cabalidad desde el momento en que el Estado no lo garantiza y lo deja librado a las leyes del mercado.

Felizmente, esa situación injusta ha comenzado a revertirse, y desde el Mvotma empezaron a lanzarse planes que apuntan a resolver el problema, sobre todo para esos sectores de ingresos relativamente bajos. Al respecto, es de resaltar el reciente anuncio del Ministerio en conjunto con el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda, en el sentido que se ofrecerá a sectores que ocupan una franja de ingresos medios, la posibilidad de acceder a una vivienda, ya sean casas o apartamentos en complejos habitacionales, en carácter de propietarios, mediante el pago de una cuota perfectamente accesible y bastante por debajo de lo que cuesta el alquiler de las viviendas más modestas.

Debemos saludar la iniciativa. Aunque no resuelva el problema de todos, es un primer paso trascendente hacia la justicia habitacional.