Por un campo con gente que lo trabaje

Que en el país se están enfrentando dos concepciones diferentes de valorar al hombre, su familia y su trabajo y al propio país no es ninguna novedad, es una situación de hecho que viene de largo tiempo atrás y que quedó mucho más evidente al asumir el Frente Amplio el gobierno nacional.

El nuestro ha sido siempre un país agropecuario con desarrollos relativos de otras áreas, como la industrial ( más allà de los esfuerzos realizados por el batllismo en la década de los 50) y últimamente el turismo. Se trata de una concepción con un fuerte tufillo medieval donde los que «cocinan el bacalao» continúan siendo los productores agropecuarios y los vinculados a la gran importación y exportación como en el 1700.

La visión frenteamplista difiere radicalmente y nace precisamente como una contrapropuesta a dicha realidad. Sin quitar espacios al agro (al contrario, busca modernizarlo y tecnificarlo), entiende que el país debe comenzar un proceso que lo vaya ayudando a desarrollar el sector industrial, el turismo y la logística como forma de ir logrando etapas de desarrollo superiores.

No es fácil, las fuerzas que quieren conservar no sólo su poderío económico, sino su poder político y social, se oponen y han lanzado una campaña que no da tregua. Parten de una propuesta que rastrilla desde las fuerzas más reaccionarias a las más moderadas y que no mide sus ataques hacia el gobierno y en definitiva a la población (no es menor que pidan ajuste fiscal, reducción de salarios, flexibilización de las leyes laborales, fin al Plan Ceibal, bajar las asignaciones familiares y le sigue una larga lista repropuestas en ese sentido y como contrapropuesta plantean eliminar los impuestos a las patronales, finalizar con las políticas de subsidio a los más necesitados, etc., etc.).

Sin embargo, existen realidades que no se pueden ocultar; no pueden construír una especie de muro de Berlín que impida constatar determinados hechos. No apelaremos a las «realidades» tantas veces señaladas, sino al reciente viaje al norte del país del senador Mujica, quien al recorrer y conocer lo que es la inversión que ha realizado el gobierno en Bella Unión, tanto en la reactivación agrícola ­ganadera como en lo industrial, logrando que la región que gobiernos blancos y colorados habían logrado despoblar y depauperar, resurgiera y mostrara una potencia inusitada que le llevó a asegurar: «No creo que nadie se anime a tirar atrás la enorme inversión y el esfuerzo que ha hecho este gobierno». Al finalizar su visita, recordó que quien hoy se presenta como el representante de los intereses nacionales, durante su presidencia «ha sido un destructor de fábricas y encabezó un gobierno neoliberal que desmanteló El Espinillar por 250 mil dólares», todo en nombre del libre comercio y la apertura comercial.

Pero descentralizar la producción y encarar nuevas fuentes de trabajo y generación de riqueza no ha sido un proyecto aislado que se le ocurriò a algún idealista, durante estos casi cinco años se ha estado fortaleciendo a los pequeños productores agropecuarios a través de formación, ayuda técnica, aguadas, mejorando los caminos, llevando la elictrificación, facilitándoles préstamos, otorgando miles de hás., como nunca se había hecho por parte del Instituto Nacional de Colonización ( y todo de acuerdo a la ley sin favorecer a familiares o correligionarios) para que no se despueble la campaña.

Se ha buscado en todo momento achicar las diferencias de calidad de vida entre la ciudad y el campo. Para ello se instauró por primera vez que los trabajadores rurales sean tenidos en cuenta en los Consejos de Salarios. Esa política no variará en un segundo gobierno del Frente Amplio, ya que se continuará apoyando la política de colonización , así como la investigación en biotecnología, los cursos y jornadas de capacitación para los productores y el mejoramiento de todo lo que ya existe, puesto que acá nadie ha planteado borrar y empezar de nuevo, ni quitar tierras. De lo único que se habla y que se ha comenzado a realizar es a acortar diferencias, a limitar determinadas situaciones abusivas en las relaciones de trabajo y, naturalmente, equilibrar la balanza del peso político y social en el país.