Impunidad: empezó la cuenta regresiva

Herida de muerte, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado agoniza merced al tesón corajudo de quienes no se resignan, de los que luchan sin bajar los brazos y sin dar una causa por perdida. Organizaciones sociales, asociaciones de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, grupos y partidos políticos especialmente comprometidos con la causa de los derechos humanos y personalidades diversas que con su prédica machacona no se cansaron de reclamar verdad y justicia. Tal fue, también, la trayectoria de LA REPUBLICA, convertido en el cotidiano que abrazó más resueltamente la causa contra la impunidad y uno de los promotores de la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad.

Las más de 300 mil firmas obtenidas para habilitar el referendo fueron el primer mazazo que recibió esa ingeniería jurídica mamarrachesca debida a la pusilanimidad (¿o a la connivencia con los terroristas?) de los dirigentes políticos conservadores. Cierto es que con la asunción del gobierno actual fue posible avanzar en el camino de la verdad y la justicia como nunca antes se había avanzado. Merced al criterio que prevalece hoy en el Ejecutivo, varios casos fueron declarados no amparados en la norma, y finalmente logró imponerse una interpretación que permitió la reclusión de los responsables más connotados de las tropelías más viles. Pero así y todo, la ley infame seguía en pie, contra todos los principios más elementales del derecho, contra normas expresas de nuestra Carta Magna, contra decisiones de organismos internacionales.

Por eso había una deuda, una cuenta sin cobrar, una asignatura pendiente. Todos los uruguayos teníamos una deuda con nosotros mismos, y teníamos la obligación moral de terminar con ese vestigio oprobioso de la dictadura, de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico ese vómito antijurídico que nos cubrió de vergüenza durante 20 años.

Pero a todo este proceso de dignificación que apunta a anular la malhadada norma vino a sumarse la acción de inconstitucionalidad que promovió la fiscal Mirtha Guianze para el caso concreto del asesinato de Nybia Sabalsagaray. Como se recordará, la Suprema Corte de Justicia recabó la opinión de los otros dos Poderes del Estado y del Fiscal de Corte. Cada uno a su debido tiempo –primero el Ejecutivo, luego la Asamblea General y finalmente hace dos días el titular del Ministerio Público– se expidió con total imparcialidad, y los tres dictámenes resultaron coincidentes en cuanto a que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es inconstitucional.

Recordemos que estos pronunciamientos no son vinculantes, que será la Suprema Corte de Justicia la institución que tendrá la última palabra por sí o por no, y que la eventual declaración de inconstitucionalidad sólo tendrá validez para el caso concreto que se sustancia en el juzgado; por más que la SCJ la declare inconstitucional, la Ley 15.848 seguirá vigente.

No obstante ello, corresponde destacar el enorme valor simbólico que tiene el pronunciamiento del doctor Ubiría, un fiscal insospechable, de reconocida solvencia moral y profesional, que –al igual que el resto de los fiscales y jueces– actúa con la más absoluta independencia técnica y en un todo de acuerdo con lo que su conciencia y sus conocimientos de la ciencia jurídica le indican. De todos modos, el pronunciamiento del fiscal de Corte viene a resultar un espaldarazo a la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad.

Bueno es recordar que fue este mismo doctor Ubiría quien se pronunció, a comienzos del año pasado, a favor de la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, lo que demuestra su total independencia respecto del poder político y garantiza a los ciudadanos la imparcialidad de nuestro Sistema Judicial.

Enhorabuena. Y que esto sirva, también, para aventar sospechas sobre la supuesta «politización de la Justicia», esto es, la tendencia a ver en cada juicio penal la presión de determinado sector o partido.