Nunca más

Ayer se cumplió un nuevo aniversario, el 33, de los asesinatos en Buenos Aires del senador del Frente Amplio, Zelmar Michelini; el diputado del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Representantes, Héctor Gutiérrez Ruiz; los militantes del MLN, Rosario Barredo y William Withelaw y la desaparición del médico comunista Manuel Liberoff.

 

Esa fecha se ha tomado como un símbolo y desde hace 14 años se realiza la Marcha del Silencio, convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Una vez más, decenas de miles de uruguayos se congregaron en la calle, en silencio, reclamando verdad.

Este año la consigna fue: «Verdad, justicia, memoria y nunca más».

Todos los años la marcha es diferente, por su contenido y fundamentalmente por su contexto.

Este no fue la excepción. La marcha se realizó en el marco de una situación muy diferente a la de hace cuatro años en cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura.

Se produjeron avances importantes en estos cuatro años. La aplicación por parte del gobierno de un criterio absolutamente distinto en cuanto a la Ley de Caducidad, permitió la apertura de juicios, el encarcelamiento de civiles y militares responsables de violaciones a los derechos humanos, investigaciones judiciales, se excavó y se sigue excavando en unidades militares buscando los restos de los desaparecidos; y se avanzó, más allá de las polémicas, atendibles por cierto, en la reparación a las víctimas.

 

Hubo otros avances importantes que tienen que ver con la ruptura de la cultura de impunidad en la sociedad; la colocación de una placa ayer en el IAVA en homenaje a los estudiantes y docentes, secuestrados y desaparecidos y la inminente concreción de una iniciativa similar en el liceo Dámaso Larrañaga, son dos muestras claras de ello.

Lo mismo que la escuela denominada Elena Quinteros, lo de Nibya Sabalzagaray en Juan Lacaze y se podrían citar muchos más casos. Se empezó a resquebrajar el muro de silencio sobre este tema en la sociedad y eso alcanza hasta a los medios de comunicación, aunque en este terreno falta mucho, muchísimo.

Sin embargo, la situación nueva más importante, es sin duda, el emprendimiento ciudadano de las 300 mil firmas para buscar anular la Ley de Caducidad.

A esto se une el reciente pronunciamiento del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ayer el Fiscal General, considerando la Ley inconstitucional.

La Ley de Caducidad es, desde el punto de vista, político, jurídico y simbólico, el pilar fundamental de la ingeniería de impunidad construida por la derecha para mantener el pasado como continuidad en el presente y condicionar el futuro. Su anulación, es por lo tanto, un elemento central para derribar ese edificio de poder en que estuvimos atrapados durante más de 20 años.

En ese plano, aunque son muy importantes estos pronunciamientos, incluido el del fiscal general, y también el de la ONU que reclamó su anulación, lo decisivo sigue siendo la movilización, convencer a cientos de miles, romper la hegemonía de la impunidad y sustituirla por la de la justicia.

 

Es la única garantía de que no haya marcha atrás, es la mejor respuesta a los ramalazos del pasado que salen por boca de grupúsculos reaccionarios, amparados y alentados por la presencia de dirigentes de primera línea, blancos y colorados.

Es cierto que esto no garantiza la verdad sobre los desaparecidos, para alcanzarla se necesita el compromiso expresado ayer en la calle, no cejaremos en su búsqueda.

También es cierto, que en este año electoral, donde tanto está en juego, más allá de las diferencias y los matices, en este tema esencial, básico para la calidad de la democracia en la que vivamos, tampoco da lo mismo quien gane.

Un triunfo de la derecha significaría un retroceso terrible para la lucha por la verdad y la justicia. Es así de claro.

Por eso, cuando tanto está en juego, es clave destacar la importancia de que miles en la calle reafirmen su compromiso. Por verdad, por justicia, por memoria y por nunca más.