Sistema jubilatorio para revisar

Los gobernantes uruguayos han logrado imponer un sistema de seguridad social que contiene características orientadas a la disminución económica como postulado esencial. Se trata de considerar primariamente, todo tipo de estos últimos años, el inhumano alejamiento de cualquier protección social, que generaron los trabajadores uruguayos.

El solo hecho de haber creado una asfixiante ley, sin la invalorable consulta a las gremiales, tanto de trabajadores como de los jubilados, está demostrando un equivocado criterio, contrario a una concepción participativa de los propios actores involucrados.

Haber preparado más de 300 artículos relacionados con la protección social a quien hayan efectuado una actividad laboral, sin llegar a consultar a los protagonistas, resulta inadmisible; sobre todo por tratarse de perentorios funcionarios que están asesorando previsoriamente, intentando orientar soluciones de bienestar para el conjunto de la masa trabajadora del Uruguay. Han desfilado tanto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como por el directorio del Banco de Previsión Social, diferentes figuras políticas que utilizaron esa circunstancia, para aplicar procedimientos, muchos veces ordenados desde el exterior, que, buscando el éxito de su gestión, emplean un mecanismo que desvía los fondos que aportan los trabajadores uruguayo, hacia oficinas de firmas extranjeras, reconocidas como AFAPs, que demuestran una tremenda avidez recaudadora, ya que han embolsado hasta hace poco, más de 700 millones de dólares, fruto del sudor laboral oriental, sin poder comprobar ningún resultado beneficio.

Recientes ejemplos de jubilaciones del nuevo sistema comparadas con el anterior, demuestran lo inapropiado del cambio, que hasta ha preocupado a varios directores políticos, que han decidido su revisionismo, para cierta cantidad de aspirantes a jubilado.

La desfinanciación del organismo, parecería provocada intencionalmente, ya que el criterio de exoneraciones de aportes, tanto patronales, como municipales, está indicando que la mejor solución a cualquier conflicto, es permitir que se perjudique el BPS.

Desde el Ejecutivo y también los parlamentarios, han colaborado con la aprobación de leyes que admiten pasantías laborables, por ejemplo, exentas de aportes y que serán aprovechadas rápidamente.

Un tema nunca considerado, es el de los préstamos en dinero, que otorga el BPS a los pasivos, donde interviene el Banco República, quien resulta ser el beneficiario final, manejando el volumen dinerario más grande del país.

Si el BPS es considerado como un banco desde sus estatutos, por qué no hace él directamente los préstamos a los jubilados, lo que originaría una prudente capitalización, que aliviaría satisfactoriamente su comprometida situación actual, y que mediante una acertada administración lograría una respetable solvencia.

Será necesario impulsar un cambio de concepción filosófica, que la masa de trabajadores y jubilados deberá enfrentar y obligar a las autoridades políticas, a la búsqueda de razonables soluciones, para un conjunto de 600 mil personas. La instalación de representantes cuotificados en el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tampoco significará mejoramiento de criterios, por el contrario ya estamos cansados, tanto activos como pasivos, del menosprecio y la autosuficiencia, de compatriotas que no les interesa cumplir con la función del cargo. Por eso, en este momento de cambios de legislaturas, quienes somos responsables diariamente de hacer mover al Uruguay, es decir, los que realmente trabajamos, tendremos que exigirles a quienes resultaron electos, que cumplan con el sagrado compromiso del correcto desempeño de su función pública, en especial en el área de la seguridad social, tan sensible para el ser humano y tan utilizada en las campañas electorales.

Una invitación, pues, a la sensibilidad prometida.