La ONU contra la impunidad

A la discusión sobre la conveniencia de anular o no la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, popularmente conocida como Ley de Impunidad, se agregó un componente nada menor: la opinión de la comunidad internacional sobre este instrumento jurídico.

En Ginebra, Uruguay pasó, por primera vez en su historia, el denominado Examen Periódico Universal, ante el recientemente creado Consejo de Derecho Humanos de la ONU.

En dicha comparecencia, Uruguay presentó lo realizado por el gobierno y la situación general de los derechos humanos en nuestro país. El informe fue amplio y abarcativo como lo requiere esta instancia. Las consideraciones sobre distintos aspectos de la realidad nacional y las sugerencias al respecto, merecerían un análisis cuidadoso, pero ello quedará para otra oportunidad.

Es que sin duda, desde el punto de vista institucional y político, la sugerencia más importante fue, de lejos, la que pidió que se elimine del sistema jurídico de nuestro país toda huella de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

En el Consejo de Derechos Humanos la consideraron totalmente incompatible con la normativa internacional sobre DDHH, que además suscribió nuestro país.

La esencia de este pronunciamiento no es nueva, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se había pronunciado en 1994 en un sentido similar.

Claro que hay diferencias y muy importantes. En aquellos año, el gobierno de Julio María Sanguinetti, luego de Luis Alberto Lacalle y luego de Sanguinetti otra vez, habían llevado la impunidad hasta límites absolutos. Clausuraban cualquier oportunidad de investigación, protegían y ascendían a los militares sospechosos de las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia nacional, ataban las manos de fiscales y jueces y llegaban a cambiarlos para no correr riesgos.

Desde la asunción de Tabaré Vázquez la situación es bien diferente. Se aplicó el artículo 4 de la Ley en su totalidad, se realizó una investigación sobre la situación de los detenidos desaparecidos, que se recogió y se publicó en cinco tomos de valiosa documentación. Se realizaron excavaciones e investigaciones en varias unidades militares y se ubicaron los restos de dos ciudadanos desaparecidos, asesinados en ellas. Siguen las investigaciones y también las excavaciones. Se habilitaron todas las investigaciones solicitadas por la Justicia, excluyendo a todos los casos de la Ley. Ante una consulta de la Suprema Corte de Justicia, por el caso de la asesinato en la tortura de la joven militante comunista, Nibya Sabalsagaray, el Poder Ejecutivo consideró inconstitucional la Ley.

Todo ello, sin duda, marca una diferencia sustancial y un avance innegable e importante con respecto a los gobiernos blancos y colorados. Pero no alcanza. Hay que anular la Ley de Caducidad; hay que borrarla de nuestro sistema jurídico y que no deje rastro. Es una afrenta a la democracia y a la dignidad de los uruguayos, civiles y militares, de derecha y de izquierda, de todos los uruguayos.

Por ello es importante el pedido del Consejo de DDHH de la ONU. Por supuesto que lo decisivo es la acción de los uruguayos, el enorme esfuerzo militante para juntar las más de 300 mil firmas que habilitarán el plebiscito para anular la ley. Eso es lo decisivo.

Pero es un dato importante que la ONU también exprese, con tapujos, que la vigencia de esa Ley bastarda nos coloca en violación de normas internacionales de DDHH. Porque además es cierto.

Un argumento más para redoblar el esfuerzo por su anulación. Y un argumento que los defensores de la Ley tendrán dificultades serias para refutar. ¿Dirán también que la ONU es revanchista y con los ojos en la nuca? Quién sabe.