Derechos humanos sin excluidos

El gobierno del Frente Amplio ha impulsado importantes progresos en materia de derechos humanos; son innumerables y en algunos casos irreversibles, mejorando notoriamente la calidad de vida de muchos uruguayos.

En ese marco se votó como iniciativa del Poder Ejecutivo la Ley Nº 18.033, que básicamente otorga una pensión reparatoria a los ex presos políticos y beneficia a los exiliados con años a los efectos de la jubilación (amén de una remuneración básica).

Esa ley tan justa y que benefició a tantos compañeros, nació con dos pecados originales: ciertas condiciones para recibir la pensión y, sobre todo, que se confundió lo que significa el concepto de «reparación» para quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado con el de «pensión». Se desconoció la resolución que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó para definir la reparación, con lo que se acercó más el espíritu de esta Ley Nº 18.033 al de cualquier pensión graciable que vota continuamente el Senado.

Consecuencia directa de ello fue que numerosos ex presos se vieron excluidos de los beneficios otorgados.

El legislador, al aprobar la ley, no tuvo en cuenta que una reparación a víctimas del terrorismo de Estado no es una pensión y puede solamente definir como límites para recibirla a quienes fueron víctimas, y a quienes no lo fueron. Este error llevó a que se exigieran determinadas condiciones, más allá de la fehaciente comprobación de haber estado preso, que nada tenían que ver con el fondo del asunto. Con eso se llegó a la incongruencia de generar dos tipos de ex presos políticos: los clase A y los clase B.

Es más, ha habido una constante negativa a reconsiderar las condiciones impuestas, algunas de muy dudoso marco constitucional, como la que obliga a la víctima a renunciar a sus derechos jubilatorios.

Unos días atrás el presidente de la Cámara de Representantes, el maestro Roque Arregui, anunció que en este mes se votará una nueva ley que busca dar un marco de reparación que incluirá beneficios, según los trascendidos, para familiares de desaparecidos y otras víctimas de la dictadura, pero además sentará las bases institucionales para que el país conserve la memoria de lo sucedido, pero sobre todo, para implementar los mecanismos para que nunca más un grupo de iluminados se crea con derecho a cometer los crímenes más atroces y a castrar generaciones enteras negándoles el acceso al conocimiento, a la libertad, a la formación global y a la información. Nuevamente constatamos, pues, un paso importante hacia adelante que da el país.

Sin embargo, no se avizora una revisión de la situación para los cientos de ex presos que quedaron excluidos de los beneficios de la Ley Nº 18.033, con excepción de un grupo pequeño de maestras a las que se incluirá.

Nos alegra que este gobierno frenteamplista amplíe el número de uruguayos reparados, que busque consolidar valores democráticos en nuestra sociedad, que genere e impulse ámbitos de discusión, de intercambio de ideas, de discrepancia y de investigación de nuestra historia reciente, de manera que nuestros hijos reciban del Estado una instrucción integral y que se les inculquen valores acordes a la sociedad en la que hoy vivimos.

Sería triste que una administración que ha sido ejemplo en el respeto de los derechos humanos culmine su gestión buscando cerrar el ciclo de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado con las carencias, que no son menores, ya señaladas. Naturalmente que mientras el proyecto de ley no se apruebe, todo es modificable y existirá hasta último momento la posibilidad de subsanar falencias y enriquecerlo.