Cada vez más cerca de la verdad y la justicia

Con motivo de conmemorarse cincuenta años del peor cataclismo de nuestra historia, varios son los actos programados y varios los medios que recordaron aquellos días aciagos.

Como suele suceder, LA REPUBLICA fue prácticamente el único medio que, al rememorar los hechos dramáticos, hizo especial mención a la responsabilidad que cupo al general Líber Seregni en las tareas de rescate y realojo de los damnificados y en todo lo relativo a controlar una situación sin precedentes. El resto de los medios señala al general Antonio Magnani como jefe de las operaciones y soslaya a Seregni de manera tal que la «historia oficial» de aquellos sucesos no registra la participación decisiva de quien se convertiría, doce años después, en el conductor de la coalición de izquierdas.

El hecho no deja de ser llamativo y muestra a las claras la importancia de que la historia reciente ­y en rigor, toda la historia­ se relate con la mayor objetividad posible, con la mayor imparcialidad y con todo el rigor. Esta vergonzosa omisión de un hombre clave en la vida del país durante los últimos cincuenta años, muestra hasta qué punto es posible tergiversar la realidad y falsear la historia. Felizmente, la militancia de izquierda ha asumido el papel de celoso guardián de la memoria, de modo tal que la sociedad no olvide.

Es innegable que la creación de la Comisión para la Paz, bajo el gobierno del doctor Batlle, fue un primer paso, tímido pero de profundo contenido simbólico, hacia el conocimiento del destino de los desaparecidos y hacia la verdad histórica. Pero también es innegable que ha sido bajo el gobierno actual que se han dado pasos de gigante en ese sentido. Y eso porque, junto al hecho de allanar el camino para el conocimiento de la verdad, el gobierno no escatimó esfuerzos para habilitar la actuación plena e independiente del sistema judicial, que había estado maniatado por gobernantes timoratos y cómplices del horror de los años de plomo, desde la recuperación de la normalidad institucional hasta la asunción del gobierno progresista.

Esta vuelta de tuerca en el tratamiento del tema violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de facto ­e incluso antes, bajo la predictadura pachequista­ ha permitido que todas las gestiones, hallazgos y denuncias sean tratados en los medios masivos de mayor penetración. Desde hace cuatro años, los periodistas televisivos han ido perdiendo el miedo y han empezado a llamar a las cosas por su nombre. La sociedad uruguaya sabe, casi que podría decirse «oficialmente», que hubo detenciones arbitrarias, que se aplicaron torturas sistemáticamente a los detenidos, que las detenidas ­además de torturadas­ fueron violadas sin excepción por la soldadesca, que hizo desaparecer a cientos de hombres y mujeres, que se practicó la sustracción de bebés, que se llegó a grados de abyección inimaginables.

Por estos días se supo que un fiscal pidió el procesamiento de tres policías y un civil por varios delitos vinculados con las actividades del escuadrón de la muerte, ese grupo parapolicial responsable de secuestros, muertes y desapariciones, que actuó con total impunidad antes del golpe de Estado de junio de 1973.

Poco a poco, se van confirmando las denuncias sobre la represión despiadada que se desató contra el pueblo desde fines de los 60 hasta 1985. Hoy día nadie discute la existencia de escuadrones parapoliciales, nadie pone en tela de juicio la desaparición forzada de personas, nadie duda de los vuelos de la muerte.

Hoy en día, no hay cabida para la seguridad con que el doctor Sanguinetti negaba todo esto. Es bastante.