¿Paraíso o Infierno?

El fugaz pasaje de nuestro país por una «lista negra» de la OCDE y su posterior traslado a una «lista gris» confirma cuánta razón le asistía a Valdés Costa cuando hace 30 años escribió que las soluciones de la OCDE «responden fundamentalmente a los intereses de los países desarrollados» y «chocan frontalmente con los de los países latinoamericanos», para agregar que el trabajo de la OCDE «se caracteriza por la firmeza ­ por no decir intransigencia-» en el mantenimiento de las soluciones que propugna.

La OCDE está integrada por 30 países y sus diferentes categorías (establecidas en función de criterios que ella misma determina), abarcan ochenta y cuatro países.

¿Qué perjuicios sufren los ciento veinte países que no integran ninguna de las listas de la OCDE?.

 

No sabemos.

 

¿Qué beneficios tangibles han logrado los países en desarrollo que han anunciado su cooperación con la OCDE?

 

Tampoco lo sabemos.

 

Ambas preguntas son pertinentes porque tal como lo dice su nombre, la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) está para cooperar, para ayudar al desarrollo económico, especialmente ­agregamos por nuestra cuenta- de los países en desarrollo, que son los que más necesitan apoyo.

Uruguay no figuraba en ninguna de las listas de la OCDE hasta el año 2004 y recién entonces apareció en una nota al pie de página junto a otros países, algunos de los cuales están fuera de cualquiera de sus categorías. Apenas una mención a centros financieros a revisar.

Antes de entrar en vigencia la reforma tributaria que instituyó el impuesto a la renta de las personas físicas, el impuesto a la renta de los no residentes, el Fonasa, etc., y antes de entrar en vigencia una batería de leyes y registros cada vez más rigurosos, Uruguay no tenía problemas con la OCDE en materia de requerimientos fiscales.

No podía ser de otra manera cuando por entonces el Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional incluían a Uruguay entre los 10 países del mundo con los mayores impuestos a las empresas.

Por ello, lo que ahora hizo la OCDE resulta doblemente inexplicable, incluso a la luz de sus restantes criterios aplicados para identificar los paraísos fiscales.

Porque en nuestro «prontuario» queda un secreto bancario cada vez más acotado a una minúscula esfera de intimidad (¿o se pretende suprimir la libertad de preservarla?) y las vilipendiadas SAFI, condenadas a desaparecer a fines del año próximo con la consiguiente pérdida de millones de dólares e impuestos y servicios (hasta donde nos consta, Uruguay es el único país del mundo que habiendo incorporado las SAFI a su legislación las suprima de un plumazo).

Si la transparencia fuera el tema, actualmente es más engorroso el trámite para abrir una cuenta bancaria a nombre de una sociedad anónima en Uruguay que en Estados Unidos.

Pero, al parecer, mantenemos una asignatura pendiente: – el intercambio de información tributaria, que de todos modos debe hacerse por tratados bilaterales con cada país y ratificados por ley.

La inclusión, aunque fuere efímera en una «lista negra» de la OCDE para desembarcar en una «lista gris», es a todas luces absurdamente desproporcionada con los motivos que puedan invocarse y genera daño de proyecciones inciertas por el carácter estigmatizante de la medida.

Pero además, ¿qué seguridad tenemos de que si hoy la OCDE nos sorprendió con esta exigencia mañana no nos sorprenda con otras acordes a los intereses de sus integrantes?

En efecto, podrían reclamar la eliminación de los incentivos o preferencias a la inversión, o el cierre de las zonas francas, o la derogación del régimen de promoción de la forestación o el software, o de cualesquiera de las disposiciones que sucesivos gobiernos han adoptado para estimular la inversión.-

 

Hoy es una cosa, mañana puede ser otra.

 

Pero no encontraremos algo que nos signifique una ayuda de la OCDE con el fin de estimular inversiones en nuestro país. Tampoco una «lista negra» de los países con enormes subsidios agrícolas o de los que dificultan la apertura de sus mercados.

– En otros términos, lo más que podríamos esperar de la OCDE, Uruguay o cualquier otro país en desarrollo, es que dejen de perjudicarnos.

Entonces lo mejor para nuestro país sería poder desaparecer de su radar, sustraerse a la telaraña, ser uno más de los 120 países que no figuran en ninguna de las listas de la OCDE.

Para ello habría que acordar una política de Estado ­ o sea desideologizada- que respalde una estrategia diplomática persistente y silenciosa.

Al fin y al cabo, si Uruguay es un paraíso fiscal, ¿cómo será un infierno fiscal?