Algo más sobre los menores infractores

Al igual que un misil, la noticia impactó en la sociedad uruguaya causando pánico y confusión. Según las agencias internacionales, nuestro Uruguay integraba una lista de cuatro naciones que, de acuerdo con los criterios de la OCDE y del G-20 reunido en Londres, «no han demostrado aún compromiso con acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal».

Inmediatamente, los grandes medios masivos radiales y televisivos se dedicaron, alborozados, a divulgar la información no sin antes haberla adornado convenientemente de modo de generar alarma; de ahí que los primeros datos hablaban de una «lista negra» en la que figuraba nuestro país, ya catalogado de paraíso fiscal, por más que la distancia entre falta de compromiso en intercambio de información fiscal y paraíso fiscal sea considerable.

Por más que el doctor Ignacio de Posadas, consultado por los ávidos periodistas de aquellos medios, haya lanzado un dramático llamamiento a estrechar filas en apoyo al gobierno, la oposición no pudo disimular su satisfacción por un hecho que en última instancia venía a desprestigiar al gobierno progresista. Y en este plano, todos los laureles se los llevó el senador herrerista Gustavo Penadés, quien, muy suelto de cuerpo y sin pudor alguno, no vaciló en sostener que la deshonrosa calificación de la OCDE y la inclusión del Uruguay en la temida lista negra eran producto de la política económica llevada adelante por el gobierno actual.

La oportunidad fue propicia, también, para que se lanzaran duras acusaciones contra el senador José Mujica: alguno llegó a calificarlo de antipatriota. Prácticamente desde todas las tiendas opositoras los pronunciamientos se refirieron a una supuesta «victoria pírrica» del precandidato frentista, al tiempo que se lo acusaba de estar jugado al kirchnerismo siendo que la inclusión de Uruguay en la lista negra se debía a una maniobra de Argentina y también de Brasil. Por supuesto que ni uno solo de los políticos blancos y colorados entrevistados admitió responsabilidad alguna de los gobiernos anteriores en la supuesta descalificación. Ninguno fue capaz de decir «caramba, pensar que nuestra meta era hacer del Uruguay un país de servicios, turismo y libre circulación de capitales…». Ninguno reflexionó reconociendo que los sectores mayoritarios de ambas colectividades tradicionales fueron encendidos defensores del secreto bancario y férreos opositores a las propuestas de eliminar el secreto bancario y fiscal o de habilitar su levantamiento. Así las cosas, será harto difícil que algún partidario del libre mercado, que algún propulsor criollo de las tesis del neoliberalismo haga un mea culpa; que los soberbios popes predicadores de las bondades del capitalismo salvaje se sinceren y admitan su error.

En fin, aunque el episodio tuvo un fuerte impacto negativo y tendrá consecuencias difíciles de predecir y, sobre todo, de combatir, podemos encontrar saldos positivos que las fuerzas progresistas deberán resaltar con mayor vigor y poder de convicción en un año electoral en el que se juega nada menos que la posibilidad de continuar profundizando los cambios o retroceder ante la reacción conservadora que significaría un triunfo electoral de cualquiera de las opciones tradicionales. Antes que nada, es preciso señalar que quedó claro que la preocupación de Mujica por el secreto bancario no era ociosa; hasta el propio Pedro Bordaberry hubo de marcar distancia con los defensores del secreto bancario. Y luego, quedó claro que la Reforma Tributaria, tan denostada por las fuerzas conservadoras, eliminó la exoneración impositiva a los no residentes, con lo cual excluye una de las pautas para catalogar a un país de paraíso fiscal. Tampoco hay que olvidar que fue este gobierno el que terminó con la actividad de las famosas SAFI, una herramienta por demás apropiada para el lavado de activos.

En conclusión, digamos que el episodio fue felizmente superado. Ahora hay que mantenerse bien despiertos porque la derecha no descansa y puede volver al ataque con alguna otra patraña.