Primer paso para saldar vieja deuda

Sí, sin duda la instancia del pasado miércoles 1 es un hito y un primer paso en el camino hacia el fin de una situación injusta. El proyecto de enmienda constitucional presentado por 63 integrantes de la Asamblea General Legislativa contempla la posibilidad de que los compatriotas residentes en el extranjero puedan ejercer uno de los derechos ciudadanos más emblemáticos de todo régimen democrático –el derecho al sufragio–, derecho que en los hechos está vedado a aquellos uruguayos que viven en el extranjero y que no tienen posibilidad de desplazarse hasta el suelo patrio para depositar su voto en la urna correspondiente el día de elecciones.

La situación era especialmente paradojal, pues al tiempo que la Carta reconoce el derecho al voto de todos los ciudadanos e incluso estipula la obligatoriedad del voto, no ha previsto mecanismo alguno para que ese derecho/obligación sea ejercido por quienes se hallan fuera del país.

Era –qué duda cabe– una deuda que el sistema político mantenía con los uruguayos de la diáspora, y era, también, un reclamo constante de éstos y de las fuerzas progresistas. Esa imposibilidad de votar a distancia era percibida por quienes habían emigrado como una suerte de castigo por haber «desertado», percepción abonada por el hecho (no comprobado pero sí bastante probable) de que los emigrados son mayoritariamente gente «de izquierda».

De todos modos, lo cierto es que tanto blancos como colorados ofrecieron desde siempre una férrea resistencia a facilitar el ejercicio del voto a los uruguayos del exterior, mientras el Frente Amplio batalló desde siempre a favor de otorgar esa posibilidad; en cierto modo, esas posiciones encontradas se explican, más allá de posturas jurídicas o filosóficas, en virtud de esa percepción sobre las simpatías políticas de los emigrados. Al asumir el gobierno, las fuerzas progresistas no pudieron llevar adelante su propósito en razón de que una modificación de la legislación electoral requiere mayorías especiales con las que el Frente no cuenta. Pero finalmente, después de varios intentos de acuerdo para llegar a un consenso con los partidos de la oposición (o al menos con algunos sectores), se llegó a una solución plausible: que sea el cuerpo electoral el que decida en última instancia si los compatriotas residentes en el exterior pueden votar sin necesidad de moverse de su país de residencia.

El Frente Amplio encontró la solución aplicando el literal B del artículo 331 de la Constitución, que prevé como mecanismo para una reforma del texto constitucional la iniciativa de dos quintos de miembros de la Asamblea General, cifra que el partido de gobierno no tuvo problemas en reunir. Esa sola gestión obliga a la Corte Electoral a convocar a un plebiscito a efectuarse junto con las siguientes elecciones nacionales sin necesidad de juntar firmas entre los ciudadanos.

Será, pues, en octubre próximo que –además de elegir autoridades nacionales– el cuerpo electoral se pronunciará sobre la adición de un numeral (el decimotercero) al artículo 77 de la Constitución habilitando la posibilidad de que los ciudadanos uruguayos que residen en el extranjero emitan su voto por vía epistolar. Ese último domingo de octubre los uruguayos resolveremos sobre tan polémico asunto y daremos la razón a unos o a otros. De esas urnas saldrá el veredicto inapelable.

Esperamos que la sensibilidad y el sentimiento de lo justo de los uruguayos prevalezca de modo de hacer realidad que desde su lugar de residencia nuestros compatriotas de la diáspora puedan elegir a las autoridades en los comicios de 2014.

Esperamos que los argumentos de quienes se oponen a la iniciativa sean derrotados, especialmente el muy mezquino que sostiene que no tienen derecho a votar quienes no viven en el país ni pagan los impuestos que pagamos todos.