Por qué firmo por la anulación

«No hace falta defender siempre la misma opinión, porque nadie puede impedir volverse más sabio».

Konrad Adenauer.

Esta frase del ex canciller alemán expresa claramente la intención que tiene este artículo, que es tanto la de fundamentar las razones por las que en las próximas horas firmaré por anular la Ley de Caducidad, como aclarar las razones por las cuales he cambiado mi anterior opinión contraria.

La misma se basaba en dos puntos fundamentales: a) que en el Congreso Héctor Rodríguez se había decidido que, de llegar al gobierno, respetaríamos el veredicto popular del año 89 y avanzaríamos en la búsqueda de la verdad dentro del marco legal vigente, lo cual incluía hacer cumplir el artículo 4º; y b) que en el cumplimiento del mencionado artículo, habíamos logrado no pocos avances en materia de Derechos Humanos y recuperación de la memoria: entramos a los batallones en busca de restos de personas desaparecidas, se permitió a la Justicia investigar varios casos, y como consecuencia de la exclusión de varios de ellos de los alcances de la misma, fueron procesados militares y civiles responsables de delitos durante la dictadura.

Sin embargo, desde entonces algunas cosas han cambiado.

1- Primero y más importante: en el Congreso «Líber Seregni» de diciembre de 2007, se aprobó convocar a la población, y especialmente al pueblo frentista, a participar en la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad.

2- Ha quedado demostrado que si bien se han logrado avances muy valiosos; no ha sido posible romper el manto de silencio, el corporativismo cobarde y vil que desde la apertura democrática han urdido en torno a ellos los oficiales y civiles acusados de haber violado sistemáticamente los Derechos Humanos.

Peor aún. Ahora hasta se presentan como «víctimas» de un gobierno que los persigue políticamente, en una especie de ajuste de cuentas.

Se les olvida a estos seres y quienes los apoyan, que a diferencia del período en que ellos gobernaron, ahora está vigente el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. A diferencia de sus víctimas, ellos han tenido derechos a juicios justos. A diferencia de ellos, que torturaban y humillaban a quienes caían presos; en este gobierno se ha respetado su integridad física y han tenido derecho a contar con patrocinio legal.

Incluso este gobierno ha logrado algo increíble: ¡que apelen a la Constitución para reclamar! Sí, la misma que pisotearon, mancillaron, y dejaron a un lado durante 12 años. Yo me felicito que, tarde, hayan descubierto que existe una Constitución, que brinda derechos y garantías a todos los ciudadanos. Cosa que nunca consideraron cuando ellos estuvieron en el poder.

Por tanto, la medida de la anulación podría servir para romper con ese corporativismo militar. Ya que, sin una ley que les garantiza impunidad frente a ciertos crímenes, pues bien, no les quedaría más remedio que colaborar con las investigaciones judiciales.

3- Porque no se viola el compromiso del actual gobierno, de respetar y avanzar dentro del marco de la Ley de Caducidad; debido a que de prosperar el plebiscito, sus efectos comenzarían a surtir efecto de cara al futuro gobierno progresista, que a no dudarlo, emergerá de las urnas el 25 de octubre de este año.

4- Porque la Ley de Caducidad es un mamarracho que viola flagrantemente el principio jurídico de la separación de poderes que hace a todo estado democrático desde la época de Montesquieu.

Por tanto, es por estas cuatro razones, políticas, éticas y jurídicas; que he cambiado de opinión, y pienso firmar en estos días por la anulación de la Ley de Caducidad; y hacer luego los máximos esfuerzos para alcanzar los votos necesarios para anularla. Porque en definitiva, es un compromiso ético con la fuerza política, con los cientos y miles de ciudadanos que fueron detenidos, torturados, muertos y desaparecidos, con las nuevas generaciones, y con la propia conciencia.