El gobierno asume más riesgo
El gobierno acaba de anunciar un nuevo paquete de asistencia a los sectores productivos más damnificados con un propósito explícito y bien destacado de mantener el empleo. Las medidas se complementarán con anuncios que Ministerio de Economía y el Banco Central deberán realizar en las próximas horas a los efectos de explicar el complejo diseño de una política de emergencia. Lo anunciado ayer, más allá de estimaciones de cantidad muy difíciles de hacer, supone un costo fiscal importante en el margen que se mueve el gobierno. Las cuentas públicas están acumulando déficits no previstos en el diseño general del programa económico y la estabilidad de precios en el cual se sustenta dicho programa.
Dicho de otra manera, esas medidas anunciadas ayer son caras. La sociedad debe saberlo. En el conjunto de lo anunciado previamente y el previsible enlentecimiento de la recaudación, las medidas son muy caras en términos de equilibrio fiscal y, sobre todo, son muy caras para un país que, hasta ahora, había hecho ostentación de una política comercial abierta que, con excepciones particulares, ha generado dividendos notorios en materia de inversión, productividad y modernización de las cadenas productivas. No sólo hay subsidios y estímulos a la actividad productiva y el mantenimiento del empleo en el paquete de ayer; hay también una potente señal acerca de que este gobierno está dispuesto a sobrellevar los costos asociados a una protección mayor de un aparato productivo que aún no ha completado su modernización. Ese sobreprecio impuesto por las circunstancias va a ser pagado por la comunidad en su conjunto. Ricos y pobres son convocados a una asistencia que debe tener reciprocidades claras. El país está dispuesto a correr ese riesgo y el gobierno hace bien en asistir, aún a empresarios ineficientes y corporaciones acostumbradas a solventar con dineros públicos los resultados de sus malos proyectos, de su renuncia confesa a competir lealmente asumiendo los riesgos del fracaso.
Importa observar las políticas y paliativos que el gobierno ensaya frente a la crisis desde este punto de vista. Importa saber que los costos de la nueva asistencia no se pueden minimizar ni soslayar. Además de lo señalado, este tipo de medidas suponen otros riesgos: por ejemplo aquellos que pudieran complicar más la situación comercial de cadenas de producción cuyas exportaciones se enfrentan a nuevas barreras arancelarias y parancelarias en sus mercados tradicionales. Esas que ahora nos costará un poco más intentar revertir. Cuando el gobierno decide imponer un nuevo procedimiento aduanero, aunque no sea más que el trámite de un anticipo de precios de importación, se somete a la acusación de crear una nueva traba no arancelaria y ello tiene su costo en la negociación comercial, particularmente en la región. Al tomar la decisión anunciada ayer en materia comercial, el gobierno toma más riesgos en esa zona de negociación bilateral muy sensibilizada por la crisis. Sabe que otras empresas que aún no tienen dificultad de acceso pueden enfrentarlas si Argentina, por ejemplo, que no ignora estas cosas, utiliza la medida uruguaya como argumento de sus propias improcedencias, Cuando se accede a una nueva perforación del IRAE hay al menos dos problemas: un nuevo recorte de recaudación y una fundamentación agregada para aquellos que sostienen que en el largo plazo los impuestos como el IVA serán aún más decisivos y sencillos de aplicar que el resto de los promovidos en la reforma tributaria.
El paquete asistencial es caro y deberá ser cuidadosamente monitoreado en sus efectos. Pero, además, no puede ser ampliado mucho más. Esa debe ser una precisión que el gobierno debe realizar con más énfasis que el actual.
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