Siempre a favor del pueblo

Una nueva campaña mediática se ha desatado contra el gobierno bolivariano de Venezuela y todo por una decisión a favor de las mayorías nacionales. Se trata de la intervención de algunas empresas de producción de arroz.

En Venezuela la mayoría de los medios de producción está en manos privadas, pero el gobierno socialista está obligado por ley y convicción a darle el mayor privilegio a la mayoría.

Desde 2003 el gobierno fijó precio para diferentes productos de primera necesidad, entre ellos el arroz, puesto que este alimento es productor de las calorías necesarias para la buena nutrición de la población, además de constituir al lado de las pastas, el complemento de la dieta diaria del venezolano.

Sin embargo, con el afán de lucro siempre por delante y para burlar esta regulación, algunos productores han inventado un subterfugio llamado arroz saborizado, que no es otra cosa que con la excusa de producir un arroz más agradable al paladar, le añaden en el procesamiento químicos y colorantes que al ser este producto diferente al regulado le duplican y hasta triplican el precio.

También estos productores establecieron motu proprio una limitación de la producción al 50% de la capacidad productiva, lo cual ha contribuido al desabastecimiento del mercado. Por ejemplo, una de las plantas intervenidas ­arroz primor­ tiene capacidad de producir casi 8.000 toneladas al mes y ha estado elaborando un promedio de 3.000 toneladas al mes y lo que es más grave aún, el 90% de la producción es del arroz no regulado.

En otras palabras, los intereses particulares están por encima del derecho a la alimentación, lo cual recuerda los casos de Bernard Madoff y otros financistas en Estados Unidos que por lucrarse, en algo así como 50 mil millones de dólares, dejaron en la bancarrota a millones de ahorristas.

Ante tales irregularidades, el gobierno bolivariano decidió intervenir la mencionada planta de arroz, propiedad de uno de los principales grupos económicos del país ­Polar­, luego de que ese sector empresarial desatendiera el llamado que hizo el Ejecutivo sobre las cantidades necesarias de producción de arroz blanco regulado para el consumo de la población. El 90% de su producción era de arroz de la variedad «saborizada» ­que se vende a dos o tres dólares el kilo­ y sólo un 10% de arroz blanco, con venta a precio regulado: a un dólar cada kilo.

Esta intervención se hizo en consonancia con el artículo 117 de la Constitución Nacional, que reza: «Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos».

Todos estos elementos justifican la decisión del Ejecutivo Nacional de intervenir las plantas procesadoras de cereal, que el martes 3 de marzo, a través de la Resolución Nº 474, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.129, fijó las proporciones mínimas y obligatorias que la agroindustria deberá cumplir al elaborar y comercializar presentaciones de productos cuyos precios son objeto de regulación.

De esta manera nuestro gobierno ha actuado en defensa de la Constitución y de la Ley de Soberanía Alimentaria, siempre a favor del pueblo venezolano.