El valor de la Asamblea Constituyente

Venezuela, Ecuador y Bolivia son ejemplos de gobiernos populares impulsores de la creación de Estados de nuevo tipo, al servicio de las grandes mayorías. Ellos convocaron a Asambleas Constituyentes para reformar sus cartas magnas, lo que ha permitido a los pueblos adecuar las instituciones a sus necesidades, y romper la camisa de fuerza de instituciones articuladas para proteger a una clase dominante minoritaria.

Esas Asambleas Constituyentes aseguran la amplia participación, con el objetivo de una Refundación Nacional y Democrática. Para el caso de Uruguay, se convocaría a una Asamblea de 260 representantes, a contrapelo de todas las reformas constitucionales habidas en la segunda mitad del siglo pasado, que fueron cupulares, tendientes a «democracias fuertes», centralizadoras, defensoras acérrimas de la propiedad privada, nacional o extranjera. La idea no es nueva. Al comenzar el actual gobierno fue expuesta por el Dr. José E. Díaz. En tanto quien escribe no es jurista no cometerá el desatino de proponer un proyecto. Su propósito es rescatar ideas de las reformas de las tres repúblicas hermanas, o de proyectos para Uruguay. La tarea compete a los partidos, movimientos de izquierda y organizaciones sociales; y a los juristas estudiar estas avanzadas constituciones sudamericanas, con vistas a una aplicación creativa, de acuerdo a las condiciones nacionales. ¿Qué tipo de República Democrática se necesita? ¿Con qué fines económicos y sociales? ¿Con qué garantías a los derechos de los ciudadanos y de los habitantes del país? ¿Con qué concepción de soberanía? ¿Con qué concepción de integración regional? ¿Qué rol han de cumplir las Fuerzas Armadas?

La democracia auténtica, al servicio de las mayorías y ejercida por esas mayorías, es tridimensional, al decir de Emilio Frugoni: económica, social y política. Un antecedente ejemplar, en muchos aspectos, fue la Constitución de 1917; y hay otros proyectos rescatables elaborados con fines análogos en el siglo pasado. De todos esos antecedentes vale poner en el debate algunas líneas de trabajo. País pionero en defender el agua, Uruguay debiera defender la tierra, impidiendo la concentración y extranjerización. Estudios recientes, como el de Ignacio Ramonet, alertan en consonancia con resoluciones del Congreso del Pueblo.

Otros grandes temas son la recuperación estatal de todas las riquezas naturales, el control del comercio exterior, el control de cambios, el control de la banca, la exigencia de auditar la deuda externa, de priorizar la deuda social, la anulación de tratados atentatorios de la soberanía nacional (Brasil no permite tratados de inversiones, en los que siempre se pone en pie de igualdad o aún por encima, al inversor extranjero en relación del nacional), el de frenar el drenaje del principal «recurso natural» (el ser humano), bajo la forma de la «fuga de cerebros» o de cualquier joven o niño con habilidad artística, deportiva, etc, el de prohibir la instalación de bases militares extranjeras, que menoscaban la soberanía nacional.

Algunos lineamientos políticos necesarios son eliminar la obligatoriedad del voto (aberración reaccionaria contrapuesta al mismo liberalismo), otorgar el voto al ciudadano residente en el exterior; bajar la edad para el ejercicio de la ciudadanía, acompañar el principio de elegibilidad con el de revocabilidad de los gobernantes, descentralizar los poderes locales, sustituir el régimen bicameral por el unicameral (más democrático, menos gravoso), facilitar las consultas populares (referéndums, plebiscitos) y terminar con el mamarracho de órganos «congelados» en su composición por intereses partidarios (Tribunal de Cuentas, Corte Electoral).

Una Asamblea Constituyente, movilizando al pueblo, es la carta de presentación más acertada para un gobierno deseoso de transformaciones profundas.