Disparen contra el Estado

Como si se tratara de una fómula mágica, de una panacea para la solución de todos los problemas que afectan al país, los grandes sacerdotes del credo neoliberal ofrecen una receta única con cuya aplicación se asegura un crecimiento perfecto y un bienestar dichoso para los uruguayos. La llave de la felicidad tiene un nombre: desregulación.

Por más que este neologismo no esté registrado aún en el diccionario, todos entendemos que con él se quiere dar a entender la acción contraria a regulación, vale decir, la acción y efecto de regular en su acepción más usual: «Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse una persona o cosa». Desregular sería entonces eliminar las normas y reglas y abstenerse de toda intromisión en los asuntos de los particulares, de manera de dejar todo librado a una suerte de regulación tácita y natural que se produciría por los acuerdos a que lleguen los individuos, sin intervención alguna del Estado, tocados por la inspiración divina del omnipotente, omnisapiente y omnipresente mercado.

Hace ya algunos años, el pensador francés François Brune advertía cómo la doctrina pretende hacer carne en el mundo globalizado mediante el siguiente razonamiento sofístico: «Si el capitalismo triunfa en el mundo entero, ¿acaso no se debe a que el mismo se corresponde con la ‘naturaleza profunda’ del hombre?».

El problema del empleo –que abarca no solamente la desocupación, sino también la subocupación y la ocupación precaria– está siendo últimamente traído a colación por los ideólogos neoliberales con una alta frecuencia y con una prédica recurrente a favor de la desregulación de las relaciones laborales.

El razonamiento es el siguiente: el marco regulatorio del mercado laboral es el principal responsable de que haya problemas de empleo pues la frondosa legislación laboral ha terminado por ser un obstáculo a la contratación de empleados. Hay que permitir por tanto que sea el mercado el que fije el precio de la fuerza de trabajo, lo que equivale a proponer que ese precio lo determinen quienes tienen la sartén por el mango, además de los «mangos». En el paquete sugerido figuran, por supuesto, la reducción de aportes, pero también la eliminación de las normas que protegen a los asalariados, sin las cuales éstos quedarán a merced de la voracidad y del afán de lucro de los dueños del capital. Todo esto significa que para terminar con el desempleo, de acuerdo con la lógica neoliberal, es preciso desproteger a los trabajadores y permitir que los empresarios marquen las reglas de juego; de ese modo, todos tendrán trabajo porque los dueños del capital pagarán los salarios que quieran, despedirán cuando se les ocurra y establecerán las condiciones de trabajo que más convengan a sus intereses. Ni más ni menos que el imperio de la Ley de la Selva.

Se trata de reducir el Estado a su mínima expresión para que no interfiera ni ponga obstáculos al famoso afán de lucro que mueve la economía. En su delirio reduccionista (no sólo del tamaño del Estado sino también de sus cometidos), se puede llegar a extremos como lo hace el doctor Ramón Díaz en su columna de El Observador del pasado sábado 19. Allí lanza un virulento ataque contra la propuesta de crear el Ministerio de Deportes, y podemos coincidir en que tal cartera no es prioritaria. Pero el doctor Díaz añora el régimen constitucional que nos rigió durante el siglo pasado pues no contaba sino con cuatro ministerios: un estado ideal que sólo se ocupaba de la policía, del ejército, de las relaciones exteriores y de recaudar impuestos.

Ese es el modelo a que apunta la ideología neoliberal.