La impunidad en debate

Ante la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, planteada por la fiscal Mirtha Guianze en el expediente por la muerte de Nybia Sabalsagaray, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto poner el asunto en conocimiento de los otros dos Poderes del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo), con la intención de que ambos se pronuncien sobre el punto.

El primero se expidió en forma casi instantánea, expresando su punto de vista coincidente con el de la representante del Ministerio Público; el Legislativo deberá emitir el suyo el próximo miércoles 25, cuando se reúna la Asamblea General convocada al efecto.

Como era de prever, la mayoría de los legisladores de la oposición –cuya postura históricamente favorable a la impunidad no es un secreto para nadie– manifestaron su opinión contraria a que el tema fuera tratado y debatido en la instancia parlamentaria. Entre otras razones, adujeron que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es de resorte exclusivo del Poder Judicial y de su máximo órgano jurisdiccional, y que, por tanto, no correspondía que el Parlamento se pronunciara al respecto. Prefieren rehuir un debate que seguramente resultará incómodo para más de uno de ellos, y optan por hacer la de Pilatos.

El argumento esgrimido no es de recibo. Nadie duda de que la declaración de inconstitucionalidad es de competencia excluyente de la SCJ, y ésta no pretende en modo alguno «sacarse el lazo de la pata» y «pasar el fardo» a los otros Poderes del Estado. Será ella la que dictamine si los artículos impugnados de la Ley de Caducidad son inconstitucionales o están de acuerdo con la Carta Magna. Lo que ha hecho la SCJ es recabar la opinión de los otros Poderes, una opinión que en modo alguno es vinculante, del mismo modo que da vista al Fiscal de Corte para que se expida sobre el punto sin que su dictamen obligue a los ministros a acompañarlo.

Por tanto, del mismo modo que el Ejecutivo no tuvo inconveniente en emitir su juicio favorable a la inconstitucionalidad de la ley, con perfecta conciencia de que ello no tendrá incidencia alguna en el veredicto final de la Corte, nada impide al Parlamento hacer otro tanto. Claro que por tratarse de un cuerpo pluripersonal, necesariamente su pronunciamiento deberá surgir de una elaboración colectiva luego de un profundo intercambio de ideas, y, obviamente, reflejará la opinión de la mayoría de los miembros del Cuerpo.

Llama la atención que los legisladores blancos y colorados (en su inmensa mayoría) rechacen una instancia esencialmente democrática. Ellos, tan amigos de promover debates y de interpelar ministros, tan fervientes partidarios de la democracia representativa y de la tolerancia, se muestran renuentes a tratar el tema de la impunidad en el sagrado recinto del Palacio Legislativo, edificio emblemático donde radica la esencia del sistema democrático-republicano.

Hay también quienes argumentan que el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ya ha sido laudado definitivamente en virtud de la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad. Sin embargo, el hecho de que 20 años después de aquel pronunciamiento la controversia se mantiene demuestra de manera terminante que el problema no está resuelto.

Lo hemos repetido hasta el cansancio: la Ley de Caducidad no resolvió nada y resultó una salida cojitranca al problema. Por eso, más allá del pronunciamiento final de la SCJ, la acción de inconstitucionalidad planteada por la fiscal Guianze ha operado en el buen sentido de promover el debate al ubicar el problema una vez más sobre el tapete.

No pretendemos que se dé una discusión desapasionada pues el asunto es demasiado sensible y ha dejado heridas muy hondas. Pero esperamos un debate con altura, tolerancia y respeto, en el que se produzca un verdadero sinceramiento y se dejen de lado preconceptos y razonamientos falaces y esquemáticos.

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