La orientación nacional como característica

La extensión de la sequía y la permanencia de la indefinición sobre el tipo de salida que tendrá la crisis global están internalizando y activando efectos que no por aguardados tienen mucho impacto sobre la producción, el empleo y la estabilidad. Frente a ello, el gobierno está incrementando su intervención y la asistencia. En general los costos de esa intervención se asocian a pérdidas fiscales y desequilibrios externos. Sin embargo, la inevitable e intensa intervención del Estado en un escenario de crisis supone riesgos y costos que no se registran fácilmente en los saldos de las principales cuentas públicas. Ellos deben ser tenidos en cuenta. No por el gobierno que los conoce, sino por la sociedad y sus principales representantes en el área política o corporativa. En suma, la intervención es cara, en lo monetario y la estructura habitual del mercado. Debe en tanto ser cuidadosa y maximizar sus retornos, incluso más allá de los objetivos puntuales que la precipitan.

Hasta ahora, la política económica desplegada durante los cuatro años precedentes ha generado las señales suficientes para que Uruguay aumentara su confiabilidad como lugar de inversión y expansión de la creatividad privada basada en normas claras impuestas por el juego democrático y sus garantías suficientes. La fuerte inversión externa, directa y de portafolio contribuyó a generar un aporte complementario o esencial que permitió utilizar una coyuntura externa favorable para que el riesgo de la inversión y su financiamiento necesario no debiera ser asumido enteramente por el sector privado residente y el gobierno. Esa inversión generó externalidades positivas que explican en gran medida ese crecimiento mayor al esperado en los últimos años. Externalidades o efectos indirectos de ese crecimiento de la inversion que contribuyeron directa e indirectamente a que las políticas de inclusión y enfrentamiento a la pobreza pudieran obtener objetivos trascendentes y relativamente tranquilizantes en el mercado de trabajo esencialmente.

Posibilitar ese proceso de asentamiento del capital productivo asociado a la tecnología y a financiamiento propio no ha sido sencillo ni gratuito. En un país bloqueado en su frontera oeste, con problemas serios de integración y transitando una experiencia de recambio histórico de los cargos públicos, haber logrado incorporar ese tipo de inversión al modelo productivo debe ser analizado como un éxito en si, pasible de ser estudiado con cuidado y a la vera del contencioso político menor.

El lunes pasado, el presidente Vázquez le confiaba a LA REPUBLICA su preocupación por incorporar a la intervención del Estado elementos que superaran la asistencia coyuntural al sector privado y se extendiera en términos de orientación para la reformulación o el ajuste de la producción a las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático. Se sabe, además, que el presidente y sus colaboradores trabajan en una perspectiva de reestructura en el largo plazo de la inserción externa del país, capaz de superar el comportamiento aleatorio de los mercados en lo que refiere esencialmente a mejorar los accesos y blindarlos al máximo.

Si esta orientación de trabajo que el presidente Vázquez ha trasladado a públicos y privados pudiera sintetizarse en una directiva nacional integrada -pública y privada, de residentes y no residentes, de pobres y ricos- capaz de ser recogida en común por las diferentes plataformas electorales, es probable que la fuerte y costosa intervención del Estado en la crisis incorpore objetivos capaces de entusiasmar y mejorar la confianza interna. Allí hay una fuente nutricia para reelaborar e intensificar más en términos de orientación nacional la intervención del Estado en la emergencia actual.