Asunción del liderazgo estabilizador

El gobierno entero aparece concentrado en la confrontación con una inflación cuyo riesgo ha sido jerarquizado claramente en el discurso oficial. Hay en marcha una política activa de estabilización de amplio espectro y en cuyo centro, el propio Presidente de la República ha dispuesto que el Banco Central utilice una política monetaria contractiva que supone efectos fuertes sobre el tipo de cambio nominal y, probablemente, sobre el nivel de actividad y el empleo.

Es notorio que el Poder Ejecutivo y las diferentes representaciones partidarias que componen el consejo de ministros han incorporado plenamente una convicción que, hasta hace poco, era patrimonio de una elite bancocentralista; mantener la inflación permanentemente distanciada de la meta programa ya no es un problema de relaciones de precios y desequilibrios variados, sino de credibilidad institucional. De otra manera, no se explicaría la homogeneidad de la política de estabilidad que aplica el conjunto del gobierno encabezado naturalmente a estos efectos por lo que hace el directorio del Banco Central. Esta es una novedad en la política uruguaya que importa registrar en el acervo de experiencia de la izquierda en la administración pública.

El desequilibrio de los precios opaca todo el escenario de las reformas. La inflación o pérdida de valor de la moneda nacional, el salario y los ingresos de los más desvalidos es el impuesto más antidemocrático y al cual han recurrido usualmente los gobiernos que no pueden lidiar con los equilibrios básicos de la economía. Pero, además, específicamente, para la izquierda uruguaya la desestimación del riesgo inflacionario supuso siempre un problema cultural y práctico. Ahora eso está en vías de solución y la crónica de la batalla por la estabilidad no debe reducirse al seguimiento de las acciones prácticas que presupone la política. Comprender y tomar el riesgo político de una política de choque antiinflacionario es un crédito que el gobierno y la izquierda deben manejar sin rubores ni elusión alguna.

Nadie en el gobierno desconoce los problemas que genera en una política de choque para cambiar las expectativas generadas por el alto registro inflacionario de diciembre pasado. Pero tampoco, nadie en el gobierno parece desconocer el riesgo que supone para el país y para la propia izquierda ingresar en 2009 soslayando que Uruguay tiene en ese incumplimiento constante de la meta inflacionaria uno de los peores indicadores económicos y sociales del resto de la comunidad latinoamericana.

Sin embargo, siendo la política de estabilidad una experiencia digna de interés y estudio, la convicción y fuerza con la cual ha sido asumida por el Ejecutivo sugiere inferencias en otros órdenes de la coyuntura actual. La ejecución de la política de estabilización confirma que el gobierno está en condiciones de avanzar con más fuerza y apelaciones mayores a la sociedad liderando una ya impostergable reafirmación de algunos pilares del comportamiento social que están siendo afectados.

Los desbordes de violencia en el deporte y el relajamiento de disciplinas importantes diversos ámbitos de convivencia ciudadana se están precipitando sobre un escenario ya de por sí muy difícil. Ello coloca a las autoridades frente a dilemas muy similares a los que les ha planteado la asunción frontal de la política de estabilidad. La adhesión social que genera la asunción de liderazgos fuertes ante riesgos como el de la inflación ayudara al gobierno a extender ese tipo de intervención insoslayable a otros ámbitos de desequilibrio y especulación.