Pinochet: las lecciones del juicio a un burócrata del terror

Examinar, desde Montevideo, la larga saga de la justicia chilena que busca realizarse con el juicio a Pinochet tiene un gran interés. El mismo que se tiene en Brasil o Argentina sumado al hecho que, a diferencia de esos países, en Uruguay no se ha llevado ante un magistrado, nunca, a nadie, por nada, sea cual sea el crimen del que se acusa a un representante militar o civil de la dictadura. Nunca, a nadie, por nada que haya hecho.

Hay que admitir que la lectura uruguaya sobre el juicio a Pinochet es o debiera ser inquietante, removedora como se dice en los ambientes cultivados.

Justamente por su carácter ejemplarizante, por las analogías iniciales y las diferencias posteriores entre un país que, como el nuestro, padeció una dictadura terrorista, una transición con muchos flancos y lo que parecía –hasta el 16 de octubre de 1998–el triunfo definitivo de la impunidad.

Es desde Chile, tan parecido en sus dolores y esperanzas a nuestro país, desde donde se envían señales que la justicia es posible, que la lucha no ha sido en vano, que los que hasta ayer parecían incontrastablemente vencedores también pueden darse de frente con la derrota, asumir actitudes indignas, vergonzosas y cobardes.

Y pueden, como acaba de ocurrir ahora con Pinochet, ser vencidos ante un magistrado y también ante sus ex compañeros de armas.

La lección es tremenda, bien mirado.

Porque lo que ocurrió era impensable en octubre de 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres y era también impensable hace unas semanas, cuando ya las querellas del juez Juan Guzmán Tapia conformaban una sólida pirámide de testimonios y constataciones.

Los hechos son sencillos, como en las grandes tragedias: interrogado por el juez Guzmán Tapia, Pinochet negó sus responsabilidades en los crímenes de la Caravana de la Muerte.

Pero contrariando las recomendaciones de sus asesores legales y militares, no se quedó en la negativa.

Asignó la responsabilidad a «los jefes de las guarniciones locales», en el caso específico de la siniestra caravana, al general Joaquín Lagos Osorio.

Esta imputación para Clarín «abre una brecha ancha e impredecible en la férrea trinchera de silencio de los generales sobre sus responsabilidades individuales en los crímenes de la dictadura».

Para El País de Madrid (donde escribe con regularidad Sanguinetti) «con su conducta Pinochet se muestra a la altura de otros criminales de escritorio que, a la hora de la verdad, han tratado de escurrir el bulto».

Al acusar al general Lagos Osorio, Pinochet suscitó de inmediato un enfriamiento del respaldo con que había venido contando en el Ejército. Y la prensa hace notar que, después de la decisión de procesamiento y detención, las expresiones del mando militar han sido de preocupación «por el estado de salud» del general y no por la imputaciones criminales que se le realizan.

Para el matutino madrileño «contribuiría a este sentimiento de lejanía de las Fuerzas Armadas con Pinochet la declaración del ex dictador ante Guzmán, en la que dijo que las muertes eran responsabilidad de las autoridades locales y no del comandante en jefe. Estos dichos habrían provocado una honda molestia en los mandos del ejército, a quienes en la escuela militar se les enseña que el superior es responsable de lo que se hace, a vista o a espaldas de él, y que es de ‘poco hombre’ deslindar responsabilidades en un subordinado».

La actitud de Pinochet, su vergonzosa elusión de responsabilidades, ha generado este momento nuevo, de fractura, en la que parecía una imbatible fortaleza de la impunidad.

Lo lograron la firmeza de las actuaciones de los familiares de las víctimas, la movilización que los respaldó y la dignidad y decencia del juez Juan Guzmán Tapia.

Firmeza, movilización, dignidad y decencia: ninguno de estos conceptos es ajeno a la lucha en Uruguay en pos de la verdad y de la justicia, como en Chile.