La moral para el doctor Correa Freitas

El senador Ruben Correa Freitas en la sesión de la Comisión Permanente del Senado, en la cual el presidente del BHU Salomón Noachas debió dar sus explicaciones ante una serie de denuncias de prensa que sindicaban algunas de sus acciones como alejadas de la moral administrativa que debe regir para todo funcionario público, dijo: «¿Quién de nosotros tiene autoridad para hablar de moral? (….) Si vamos a hablar de moral y de lo que se puede y no se puede hacer, vamos a terminar por mal camino».

¿Qué quiso decir el ex director de la Oficina del Servicio Civil con esas palabras? ¿Qué no existen normas escritas o tácitas que obligan a los servidores públicos a actuar de una sola forma, especialmente cuando lo que tienen entre sus manos son los bienes que se debieran atesorar para la sociedad en su conjunto?

O, acaso, ¿se dirigió solamente a los miembros de la Comisión Permanente, indicando que allí, en esa sala de sesiones, se encontraba un grupo de personas que habían violentado la moral, o que ésta es laxa y todo lo permite?

No queremos entrar en una discusión filosófica en torno al concepto de moral, la que se construye de acuerdo a las culturas de los distintos pueblos y que es el grupo de leyes tácitas de convivencia, con las que un ciudadano debe salvaguardar los conceptos básicos de una forma de vida. Obviamente un funcionario público no puede disponer a mansalva de los dineros que todos nosotros le hemos encomendado custodiar y, por supuesto, que es de buena moral que esa custodia se haga a un extremo de rigidez absoluta. No hacerlo significa, obviamente, violentar, entre otras cosas, los valores fundamentales de las relaciones entre el Estado y los miembros de una comunidad.

Si tras las leyes, que se votan muchas veces con relativa liviandad, no existe una fuerza moral que, más allá de la bondad de las mismas, las haga cumplir, lo que se está haciendo es carcomer a una sociedad en sus valores fundamentales. Por ello entendemos –como muchos otros uruguayos– que por razones de «conveniencia» no se puede, ni se debe, violentar lo que está establecido en la Constitución de la República, aunque en un momento aparezca como conveniente para una organización, por más representativa que esta sea.

La democracia plena exige, fundamentalmente, el respeto a las leyes escritas para lo cual los basamentos morales aparecen como elementos insustituibles, y el camino de las acciones éticas se deben emprender con toda la fuerza, porque allí está el grupo de acciones que el hombre debe realizar o no, para defender la moral del conjunto. Cada una de las leyes que existen en este país son representativas de esa moral, que se va construyendo día a día, hora a hora. ¿Cómo construir una sociedad democrática si no tenemos en claro este camino que debe transitar cada uno?

Las palabras de Correa Freitas fueron, por calificarlas de alguna manera, infelices: «¿Quién de nosotros tiene autoridad para hablar de moral?», dijo. Por supuesto que no quiso parafrasear a Cristo cuando la turba estaba por lapidar a María. (¡Quién esté libre de culpa que tire la primera piedra!)

Lo suyo fue una descalificación para los miembros de la Comisión Permanente que juzgaba la acción del presidente del BHU que, luego del evento parlamentario, renunció a su cargo.

Si cada uno de los legisladores del país, de todos los partidos, no comprende que su función en el Parlamento no es un privilegio dado graciosamente por el pueblo, sino una tarea asignada para, entre otras cosas, defender con todas sus fuerzas los organismos institucionales del Estado, hay que concluir con el razonamiento de que el basamento moral que debiera unir a todos los uruguayos, no está claro para algunos. Ello es extremadamente grave cuando se trata de un legislador, máxime cuando este es un prestigioso docente, constitucionalista, de la Facultad de Derecho.

Es triste que en este país donde la pobreza sigue reproduciéndose, siguen existiendo ciudadanos de primera, segunda y más clases –quién lo puede desmentir cuando a diario nos enfrentamos a hombres y mujeres jóvenes alimentándose en la basura–, en el cual más de 40 de 100 niños menores de 7 años viven por debajo de la línea de la pobreza, un senador nacional afirme en pleno Parlamento, que la moral es un elemento laxo, que no «obliga» a cada uno de los ciudadanos a cumplir con la ley. Y (esto es lo más «increíble») que tampoco determina una específica manera de actuar de los funcionarios públicos.

Qué flaco favor le ha hecho a nuestra incipiente democracia el doctor Correa Freitas afirmando tamaña cosa. Si nuestra sociedad es «inmoral», como surge de sus afirmaciones, debemos preguntarnos: ¿Para qué nuestro ordenamiento legal, para qué la existencia de nuestra Carta Magna, para qué los institutos del Estado (las Fuerzas Armadas, la Policía, los organismos de contralor, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Tribunal de Cuentas), para qué la existencia del tercer poder del Estado, el judicial? Y finalmente: ¿para qué la existencia del propio Parlamento, nacido para ordenar al país sobre la base de la legislación que de allí surge?

Si para el doctor Correa Freitas nadie «tiene autoridad moral» para estudiar la acción de un funcionario público, está diciendo que este es el país de la vía abierta para que ocurran cosas como las que están ocurriendo. Un país donde será imposible el progreso, porque siempre la corrupción estará presente, sin que nadie pueda reprimirla, especialmente cuando la ley sea burlada o no contemple los extremos de una acción indebida.

Es todo bien claro. Defendemos nuestra sociedad cuando lo hacemos con los valores culturales comunes, generales, con una ética inclaudicable y obligatoria para quienes ocupan cargos públicos. Lo otro sería un descalabro social que admitiría todo, incluso acciones como las que metieron al país en su período más oscuro: el de la tiranía que, en definitiva, también es carencia de moral y, por lo tanto, corrupción.

* Periodista, editor de «Bitácora»