El gobierno, entre dos fuegos

Por fin recibió sanción parlamentaria la nueva Ley de Educación. La reforma educativa era uno de los pilares del programa de cambios que el gobierno actual se había propuesto como meta, y uno de los temas que mereció la instalación de un debate prolongado con participación de todos los actores involucrados.

No obstante, a poco de haber comenzado las discusiones entre los partidos y los gremios de la enseñanza, empezaron a asomar divergencias y descontentos que llevaron a los partidos opositores a abandonar el diálogo. Ese hecho vino en cierto modo a preanunciar que no se lograrían los acuerdos deseados aunque no impidió que el partido de gobierno continuara elaborando el proyecto de ley de educación que finalmente, con algunas modificaciones, resultó sancionado la semana pasada.

La actitud de la oposición no debe asombrar a nadie ya que, salvo algunos pocos asuntos puntuales sobre los cuales hubo consenso, los partidos del llano han llevado adelante una férrea oposición en su afán por entorpecer la acción del gobierno. De manera que si bien es cierto que los temas trascendentes deberían concitar consensos lo más amplios posible para establecer políticas de Estado, cuando gobierno y oposición tienen visiones tan enfrentadas sobre el proyecto de país, lograr acuerdos interpartidarios puede resultar ilusorio. En definitiva, si el Frente Amplio hubiera buscado acuerdos con blancos y colorados para llevar adelante la Reforma Impositiva, por ejemplo, es altamente improbable que la misma hubiera respondido al programa de la izquierda.

No es de extrañar, entonces, que ni blancos ni colorados hayan acompañado el proyecto de ley de Educación elaborado por el gobierno. Lo que sí resulta sorprendente ­dicho esto más allá de los aspectos criticables u opinables que la ley contiene– es la no menos férrea oposición que el proyecto suscitó en los gremios de la Enseñanza, aunque por razones diametralmente opuestas de aquellas que llevaron a los partidos del llano a denostar la norma. Las leyes, por su carácter general, deben apuntar al equilibrio social; eso es obvio, pero es prácticamente imposible que contemplen las aspiraciones de todos los sectores sociales. El resultado es que la ley sancionada establece el cogobierno y la autonomía de los entes de la enseñanza. Pero ocurre que blancos y colorados, apologistas de la democracia representativa y, por tanto, partidarios de que todo el quehacer nacional quede en manos de los políticos representantes del pueblo, están francamente en contra del cogobierno; y por el lado opuesto, los gremios de docentes, funcionarios y estudiantes entienden que el texto final no contempla su aspiración de que los organismos rectores de la Enseñanza estén enteramente gobernados por ellos.

Así las cosas, el gobierno ha quedado entre dos fuegos, acosado por la derecha por un lado y por la intransigencia sindical por el otro. Y aunque dicha circunstancia sea realmente de lamentar, no es posible esperar unanimidades ya que el disenso es un componente de todo sistema democrático. Pero lo que debemos rechazar de plano y con toda firmeza es la actitud de los gremios de la enseñanza una vez aprobada la ley. Nos referimos, obviamente, a los deplorables incidentes ocurridos en la barra del Senado, cuando el público allí reunido prorrumpió en insultos contra los legisladores del gobierno que votaron favorablemente el proyecto. Una respuesta patoteril indigna de docentes y estudiantes que, ante una decisión (legítima y explicable) de la Presidencia del Senado de desalojar la barra, se desacataron en una actitud provocativa y agresiva frente a un accionar policial que muy civilizadamente trataba de hacer cumplir la orden del presidente.

Y lo peor son las afirmaciones de dirigentes sindicales en el sentido de atribuir a las fuerzas del orden la responsabilidad por los incidentes, en una clara tergiversación de los hechos.

Mientras tanto, la derecha se frota las manos satisfecha.