"A nosotros tarde o temprano nos van a juzgar"

La advertencia fue hecha el jueves 25 por parte del general Joaquín Lagos y estaba dirigida al general Augusto Pinochet en una impactante entrevista difundida por la Red Nacional de Televisión de Chile.

El contexto es la nueva situación que se vive en Chile a partir de la instancia judicial finalmente concretada entre el ex dictador y el juez a cargo de su enjuiciamiento, Juan Guzmán Tapia.

Las tensiones que ahora enfrentan públicamente a varios generales del proceso chileno se agravaron a partir de las respuestas dadas por Pinochet a la primera de las cuatro preguntas que le formulara el magistrado.

Este interrogatorio, que en opinión del El País de Madrid «merece valorarse como un pequeño paso más de Chile en su arreglo de cuentas con el pasado inmediato», tiene indudablemente y carácter simbólico trascendente.

Lo que resulta golpeante en esta primera comparecencia es el contenido de las declaraciones formuladas por el acusado ante el juez Guzmán Tapia.

Ante la pregunta acerca del asesinato de 57 opositores y la desaparición de otros 18 por parte de una misión militar comandada por el general Sergio Arrellano Stark, el general Pinochet ha sorprendido a todo el mundo.

Para empezar, a sus propios compañeros de armas que según el general Pinochet serían los responsables de los asesinatos y desapariciones.

Resulta significativo —y patético– que ahora el acusado Pinochet pretende eludir sus responsabilidades como jefe supremo de las Fuerzas Armadas chilenas asignándoles la responsabilidad de los crímenes a sus subordinados, los jefes de las guarniciones regionales.

El disparador que desencadena el violento testimonio televisivo del general Joaquín Lagos Osorio –un acta de acusación tremenda acerca de la crueldad y arbitrariedad de la represión contra los opositores al golpe–, es la inopinada acusación de Pinochet.

He aquí lo que ha desencadenado «el pequeño paso hacia la justicia» de que habla El País de Madrid.

El pacto de silencio que mantuvo unidos a los mandos militares del régimen pinochetista durante más de 27 años se ha roto.

La posibilidad firme que el «supremo» sea condenado por sus crímenes contra la humanidad ha desencadenado las tensiones internas y con ello las incriminaciones mutuas.

La ruptura del siniestro pacto de silencio de los jerarcas golpistas con relación a la violación de los derechos humanos en Chile se ha producido.

¿Qué fue lo que generó esta grieta en el muro de complicidades que sustenta la impunidad chilena?

Examinar las posibles respuesta a esta interrogante tiene una importancia enorme. Para Chile y para cualquier otro lugar donde la verdad sobre los crímenes durante las dictaduras se vea obstaculizada por la negativa de los militares de aportar información.

Esta incluido en esta situación el caso de nuestro país, según informara hace ya bastante tiempo LA REPUBLICA y sobre el que ahora algunos descubren la primicia, donde habría un virtual acuerdo entre los principales responsables de delitos contra la humanidad de mantener la complicidad mafiosa del silencio ante la Justicia, ante los familiares de las víctimas y ante la sociedad.

En Chile, la irrupción pública de las divergencias de los jefes golpistas se produce como resultado de la acción de algunos magistrados, entre ellos, pero no el único Juan Guzmán Tapia, que tuvieron la tenacidad y el valor de enfrentar la presión de los amigos de la impunidad.

Tras esos movimientos de la magistratura chilena ha estado la militancia incansable de las organizaciones sociales, de familiares, las ONGs, los periodistas independientes y los militantes de los partidos políticos democráticos.

Esos protagonistas no se resignaron. Han seguido bregando por la verdad y la justicia. Ahora han conseguido otro pequeño paso hacia sus altos objetivos.