¿Argumentos ladinos o discusión en serio?

Dos movimientos sobre la opinión pública se realizaron ayer jueves en torno a la próxima jornada del 18 de febrero, en la que habrán de reunirse alrededor de 600 mil voluntades para lograr la realización de un referéndum sobre trece artículos de la Primera Ley de Urgencia, la Nº 17.243.

El primero estuvo a cargo del diputado colorado José Amorín.

Contentísimo con su «hallazgo», el diputado quincista se lanzó con bombos y platillos a «demostrar» lo que llamó doble discurso de los legisladores del Frente Amplio-Encuentro Progresista.

En realidad, la «trovata» de Amorín no es ningún argumento consistente, tal como lo aclarara en la tarde de ayer el coordinador de la bancada de diputados de Frente Amplio, José Bayardi.

No hay tales contradicciones ni hay doble discurso.

De parte del dirigente oficialista son movimientos gestuales, que persiguen una finalidad «impresionística», psicológica y no racional. Se busca el impacto y no los argumentos.

En el proceso de elaboración y votación de una ley, puede ocurrir que la actitud a asumir por el legislador frente a un artículo dependa del contenido de los artículos precedentes.

Votada una norma, el parlamentario se enfrenta a una realidad distinta a la que tenía al inicio de la discusión de la materia a legislar.

Veamos un ejemplo, con los que ahora hace tanto escombro el diputado Amorín.

El FA-EP votó contra el artículo 40 que abre camino para convertir a Conaprole en una sociedad anónima.

Aprobada la norma, con los votos en contra de la izquierda, se consideran otros artículos que establecen las obligaciones de la nueva empresa.

(Artículo 42 «A partir de la vigencia de la presente ley, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche deberá cumplir, en lo pertinente y sin que suponga cambio de su naturaleza jurídica, con las normas de información, publicidad y control aplicables a las sociedades anónimas abiertas previstas por la , de 4 de setiembre de 1989″.)

El voto afirmativo de este artículo resulta obvio (Conaprole no puede dejar de cumplir con las normas de información, publicidad y control) en el contexto de cómo se realizó el debate y la votación de la Ley 17.243.

También resulta lógico y coherente que si se plantea el recurso de referéndum contra el artículo 40, que es el sustantivo, el que duele, esa impugnación se extienda a los demás artículos que le son complementarios.

Algo similar ocurre con los demás «descubrimientos» de conductas supuestamente contradictorias del FA-EP referidas a la relación de UTE con las Intendencias y lo referido a las AFAPs.

Los argumentos ladinos y mañosos son flor de un día. Unos titulares, una mención en la tapita de un diario. Fueguitos de artificio para cazar incautos; como flores que no resisten los soles a cielo abierto, estos argumentos eluden lo medular del debate: ¿se está de acuerdo en seguir haciendo retroceder el área estatal de la economía?¿Se sigue apostando a las fuerzas redentoras del libre mercado? ¿Se piensa que la gestión en manos privadas de servicios estratégicos esenciales es promisoria para el país?

Otros «efectos psicológicos» se han buscado sobre la base de poner el grito en el cielo acerca de los pronunciamientos de conjuntos de carnaval a favor de la concurrencia a las urnas el día 18.

El fantasma de los cabezudos convocando al plebiscito fue la pesadilla insoportable para algunos ediles de los partidos tradicionales, los mismos que, cuando la ocasión lo hace necesario, ponen no dos o tres cabezudos a desfilar sino al oligopolio de la televisión a favor de las posiciones del poder hegemónico.

Sobre el punto han sido muy claros los organizadores de la comisión Pro-referéndum: los cabezudos van por los lugares comunes y no son pagos por la Intendencia.

También la gente de carnaval ha sido contundente. Tanto Antonio Iglesias como Noemí Apostoloff han reivindicado el derecho (no la obligación impuesta por nadie), a expresar su opinión acerca de una iniciativa auténticamente popular como el referéndum.

Diputados y ediles de la quince deberían prestarse a discutir el problema de fondo que es el rumbo estratégico de la política económica del gobierno y no subestimar la opinión de los uruguayos con marrullerías argumentales rápidamente descartables.