La privatización gradual es tan perniciosa como la acelerada, pero es más difícil de denunciar

La movilización cívica democrática del 18 de febrero se encuentra frente a varios escollos.

Algunos son de sobra conocidos.

Uno de los primeros recursos es que frente a los argumentos de los que anhelan el plebiscito, el gobierno da «la callada por respuesta».

Es decir, prefiere la línea del silencio y no la de la comparación de argumentos.

En esta línea ya transitó el gobierno anterior, ante instancias plebiscitarias análogas, con el apoyo decidido del oligopolio uruguayo de la información que, conviene no olvidarlo, es uno de los más cerrados y dóciles con el poder de la región.

Como ya ha sido explicitado, el elenco de gobierno, en actitud que seguramente nadie presentaría como un gran mérito en una licitación sobre principismo democrático, ha decidido una línea de acción basada en los siguientes recursos estratégicos:

1- Las leyes se tramitan de manera vertiginosa, sin posibilidades de un debate que trascienda el ámbito parlamentario. No se escuchan los argumentos de la oposición. No se consulta a los sectores de la sociedad civil que se ven afectados por la norma que se propone. Entre gallos y medianoche la Ley, calificada de Urgencia, es aprobada.

2- Aunque el horizonte es privatizar lo más posible, las normas van tomando aspectos parciales: terminal de contenedores, uso privado de vías de AFE, eliminación de la presencia del BROU y la Intendencia de Montevideo en Conaprole, pasaje a UTE del cobro de las tasas de alumbrado público, limitaciones presupuestales a los Entes Autónomos, normas parciales sobre patrimonio mínimo de las AFAPS.

3- Cuando todavía la ciudadanía y los sectores gremialmente organizados no han terminado de examinar y discutir la Primera Ley de Urgencia, que contiene los puntos recurribles arriba enunciados, se cursó, a galope tendido, otra segunda Ley, también de Urgencia, y en el ínterin se aprueba otro paquete de normas en el fárrago agobiador de los 600 artículos de un Presupuesto General de Gastos y Recursos para el próximo quinquenio.

4- Tanto en la Segunda Ley de Urgencia, como en el Presupuesto, hay normas que podrían ser –y muy probablemente lo serán– objeto de la democrática impugnación plebiscitaria. Frente a eso la orientación, inconfesada, del gobierno, es generar el «cansancio cívico», el hastío de la ciudadanía frente a la reiteración de prácticas ciudadanas necesariamente lentas, a las que la ausencia de información vuelve incomprensible para muchos uruguayos y deja la impresión de una suerte de gimnasia destinada a entorpecer la acción del gobierno.

En el contexto de este debate que el gobierno nos hace muy arduo, un boletín que circula por medios electrónicos de la Asociación de Bancarios aporta algunos argumentos de interés.

Señalan los sindicalistas bancarios que la «principal aspirante a quedarse con Antel (si la dejan) es una empresa estatal venezolana».

Que asimismo hay empresas estatales de origen francés que compiten por la explotación de servicios en el Aeropuerto y otras, como Gaseba, se apropiaron de la distribución del gas por cañerías.

De donde se deriva el argumento eficaz que la ineficiencia no es inherente al carácter estatal de una empresa.

Apuntan asimismo en el boletín de AEBU la situación de irregularidad en la prestación de servicios por parte de las empresas privadas que provocaron el gran apagón que recientemente afectó a la ciudad de Buenos Aires.

Y la situación vivida al comienzo de la temporada turística en Piriápolis, cuyo abastecimiento de agua ha sido entregado a una empresa privada.

Estos son ejemplos de episodios recientes. Se podrán ampliar grandemente si, tomando un lapso mayor, analizamos el desempeño de algunas telefónicas privadas que operan en la región.