¿Corporaciones agropecuarias de servicios?

Goy Viera Silva

En esta columna se ha dicho antes que se debe cambiar el statu quo vigente entre la ciudad y el campo desde hace más de dos siglos. No es fácil. Ello requiere un análisis «introspectivo» y del entorno nacional de los dirigentes y dirigidos, respectivamente. Es difícil tomar una ubicación ecuánime, habida cuenta de la suerte de embrutecimiento a dos puntas que padecemos. La «guerra» entre la ciudad y el campo es ya una letanía perpetua de doble faz: gobierno-sector rural. Ello es: la contumacia de la autoridad desnaturalizada por intereses espurios e irracionales, y la contumaz aceptación por parte del rebaño domesticado (sector rural) de situaciones, hechos y dichos denigrantes para el productor, que hemos ido validando al mismo tiempo que crecían en sus condiciones negativas y opresoras. Eso es embrutecimiento de ambas partes: la ciudad y el campo.

Hace décadas (¡décadas!) que esperamos anuncios de «medidas» en las «Expo-Prado» y los congresos de la federación rural. Se nos ha formado un callo en las «neuronas de espera». Es una burla periódica sistemática fomentada por nosotros mismos, permitiendo que nuestras gremiales hagan de amortiguadores entre gobierno y campo, produciendo ministros.

Las penurias han formado otro callo que ha insensibilizado el lugar de los golpes, a los cuales nos vamos acostumbrando, y que ya consideramos como «normales» para la época sin advertir que la época tiene dos caras: una real y otra falsa. El productor rural está sentado encima de un capital que parece ajeno, esperando que venga la buena. Mientras tanto, trabaja y produce para que otros se lleven el resultado, y en muchos casos se le lleven el capital. Y cuando por fin llega un siempre corto lapso de bonanza, esto es debido a una política agropecuaria de gobierno. Los factores de las mejorías son aleatorios. Todo esto es embrutecimiento. Las estadísticas (Dicose, INAC, SUL, etc.) permiten sí, establecer una política unilateral de cancha flechada, posibilitando el mantenimiento del statu quo colonial, que proyecta su sombra hoy… ¡desde hace siglos!

Los gobiernos y una parte de la población histórica e irracionalmente han dado por sentado que el campo es un filón de oro inagotable, y que siempre estuvo, está, y estará en condiciones de absorber cualquier volumen de extracción física y económica –valga la contradicción– y capear cualquier crisis. Si esto es así: ¿por qué han desaparecido tantos miles de productores? Lo dramático de la pregunta es que su sola formulación implica la existencia de la emigración de productores y asalariados, que son la principal causa de formación de «cantegriles» con el ya conocido efecto de aumento de la delincuencia. Agreguemos a esto la marginación de población urbana que ha empezado a producirse en los últimos tiempos, debido a la línea económica de sucesivos gobiernos. Todo esto es embrutecimiento y envilecimiento.

¿La justa? ¿El salto cualitativo? Debe ser audaz, removedor, e imaginativo, y de un gran contenido empírico en materia de derecho, dignidad y economía. No se puede aceptar un oscuro «plan ganadero» que adocena a los productores y los convierte en meros objetos de uso. Es absolutamente injusto, irracional y perjudicial para el país seguir manteniendo de rodillas –¡después de 250 años!– al principal sector de la economía, en beneficio de unos pocos empresarios que detentan la posesión de los monopolios.

«La justa» debe comenzar por la industria frigorífica. La misma no puede mantener más su carácter de negocio. Debe transformarse en un , en manos de los productores. ¡¡Atención!! No una cooperativa. Será en cambio, una corporación cárnica que maneje mercadería y dinero , controlada por el sector rural y el Estado. Se establecería un módulo primario (planta industrial) que se tomaría como modelo, y en base al cual se uniformizaría toda la industria frigorífica (infraestructura global), lo que permitiría racionalizar la determinación del costo de un kilogramo de carne puesto en gancho; que incluye precio de referencia con ajuste posterior para el ganado y presupuesto de funcionamiento pagado por el campo. El BID –y/o la emisión de bonos– podrían financiar el cambio, con el complemento del BROU. Los actuales titulares de la industria rescatarían lo invertido, y sus capitales se aplicarían -presumiblemente- en otros sectores, lo cual significaría un gran estímulo a la diversificación económica. Necesariamente, el resto de los rubros agropecuarios tales como remates feria, lechería, hortifruticultura, lanas y cueros, cereales, etc., serían cubiertos por el sistema propuesto (corporación comercial, corporación lechera, corporación agrícola, corporación lanera, etc.).

Las corporaciones propuestas serían sin inversionistas diferenciados. La amortización de la asistencia financiera se descontaría de la remisión de productos mediante un bajísimo porcentaje, sin que la diferencia de aportes resultante de los envíos constituyese una diferencia de derechos de los socios. La diferencia entre estos estaría en el monto de las ganancias. A mayor remisión mayor ganancia. Por otra parte es razonable que quienes mayor uso hagan de la corporación (los grandes remitentes), deban amortizar automáticamente un mayor importe, por mayor remisión; aunque también hay pie para estudiar un sistema compensatorio ad-hoc. No habría grandes inversionistas, y se haría la paz a través de un sistema justo. De lo contrario, los productores seguiremos en infantil actividad, «jugando a los hacendados» con riesgo de muerte. Por supuesto que los mastines libre mercadistas mostrarán sus dientes ante esta fórmula poniendo en descubierto a los verdaderos beneficiarios del neoliberalismo, lo cual será meramente corroborativo.

* Productor rural de Cerro Largo