Una tarea vasta y compleja

Con buenas razones los organizadores de la próxima instancia cívica del 18 de febrero han argumentado que, en función de sus posiciones históricas a favor del artículo 79 que incorporaba a la Constitución el recurso del referéndum, el gobierno presidido por el doctor Batlle, en caballeroso «fair play» democrático, habría no solo de no oponerse a la consulta popular, sino impulsarla.

El razonamiento es bueno pero imaginemos por un segundo que el gobierno no procede así. Ha ocurrido otras veces que las dirigencias políticas modifican su actitud ante tal o cual instancia institucional según sus intereses políticos del momento.

En esta hipótesis, hay que admitir que lograr que más de 600 mil personas concurran a los locales de votación el próximo 18 de febrero es una tarea difícil.

Y lo es por algunas razones que saltan a los ojos. Y por otras, más encubiertas.

Las licencias y vacaciones, la dispersión de la gente que se acentúa con el verano muestran una línea de dificultades por demás evidente.

La disminución de la vida política y parlamentaria, después de las jornadas paroxísticas de la sanción del Presupuesto Quinquenal, tampoco ayuda a crear un clima de debates públicos e intercambios de argumentos.

A nuestro juicio hay, además, otras razones para afirmar que será una instancia difícil la que se avecina, y que, si se pretende sortearla con éxito, será necesario un esfuerzo intenso y amplio en varios planos de la acción de difusión, propaganda y movilización.

Si comparamos esta instancia con la de 1992 nos encontramos que, a diferencia de los trece artículos que ahora se impugnan, que tienen un campo de aplicación específico, varios artículos de la ley de empresas públicas plebiscitada entonces remitían a facultades de privatización de carácter general que se encomendaba a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

La ley impulsada por el gobierno de Lacalle abría un amplísimo registro de posibilidades privatizadoras.

Los trece artículos de la primera Ley de Urgencia, que van en el mismo sentido que la propuesta blanca del 92, tienen, no obstante, un menor grado de generalidad y, por tanto, afectan directamente a núcleos más circunscritos de trabajadores y de áreas sociales y económicas.

Así y todo, siendo aquella del 92 una ley del neoliberalismo maximalista y atropellado, las fuerzas opositoras tuvieron dificultades para alcanzar un peso suficiente en la opinión pública y la primera consulta realizada en junio terminó con un revés, sólo recuperado luego en octubre.

Para los impulsores de la consulta popular, hoy está planteada la necesidad de explicitar el contenido de los artículos impugnados, mostrar que son negativos para los intereses del país y entusiasmar a la gente con la idea que el asunto sea resuelto definitivamente por el pueblo a través de una consulta popular universal.

Esto supone vencer la resistencia que opone cierta pereza cívica, cierto descreimiento en los institutos de la democracia política.

Esta modorra que invade el tratamiento de los asuntos públicos se ve alimentada, entre otras cosas, por el proceso de desdibujamiento del Parlamento y de los partidos políticos por el uso y abuso de mecanismos y prácticas legislativas que dejan una impresión sostenida de improvisación, falta de seriedad y de discusión a fondo de los problemas.

A esto se podrá agregar que el hecho que las mayorías gubernistas actúen bajo la forma de un bloque «enyesado» le ha restado al Parlamento la posibilidad de discutir y elaborar incluyendo otros matices, otras aristas y otras visiones.

Verbigracia, las que pueden aportar los legisladores del Frente Amplio-Encuentro Progresista.

La movilización emprendida entraña una voluntad de derogar 13 artículos de una Ley. Ese es el tema de fondo.

Hay también un tema de forma o de funcionamiento que no es de desdeñar: los que impulsan el referéndum están también señalando una manera de legislar que no satisface los anhelos de transparencia y explicitación política a que tiene derecho un pueblo consciente y preocupado.