El INC cumple 53 anos

Andres Figari

El 12 de enero se cumplieron 53 anos de la aprobación de la Ley 11.029 por la cual se crea el Instituto Nacional de Colonización, cuyo cometido es «promover una Racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y el bienestar del TRABAJADOR RURAL» (art.1).

En estos 53 anos es poco, casi nada, lo que el INC ha hecho al respecto. Mientras que cientos de miles de compatriotas han debido abandonar la campana, emigrar o resignarse a la miseria, como consecuencia de un modelo de «desarrollo» agropecuario que inexorablemente la genera, menos del 1 % del territorio nacional y apenas algunos pocos auténticos trabajadores rurales han sido beneficiados.

Cuando la cuarta parte del territorio del país está en manos de extranjeros, y en 13 millones de hectáreas todavía se sigue practicando la ganadería extensiva; los gobiernos de los políticos al servicio de la banca internacional, del capital financiero y de los latifundistas, han mantenido paralizado al INC, esa «formidable herramienta para el desarrollo», según gusta decir su actual presidente.

En cincuenta y tres anos se han dilapidado miles de millones de dólares de la sociedad (de los trabajadores) en salvar los bienes de los banqueros fundidos, de los estancieros insolventes, y de diversos amigos. Se ha condenado a la mayoría a trabajar para pagar a los acreedores externos y a especuladores de todo tipo; sin embargo no se ha sido capaz de invertir para que el INC pudiera cumplir mínimamente con una parte de su cometido y contribuir al alivio de algunas de las miserias.

Pero esto no es todo; además –como para asegurarse de que no fuera a funcionar– sistemáticamente, y salvo raras excepciones, se ha encargado de su conducción a notorios adversarios ideológicos de la ley (!estancieros puestos a ejecutar la reforma agraria!) o a ineptos de toda índole sin otra vocación que la de su bienestar personal y sin más visión que servir al clientelismo de su partido vernáculo.

Esto ha hecho posible desvirtuar su finalidad, confundiendo los objetivos y las prioridades. La radicación y el bienestar del «trabajador rural» han sido sustituidos por la promoción al «productor», rótulo con el que frecuentemente se convierte en colonos a muchos que no les corresponde y se beneficia con la ley a quienes menos la necesitan. Hijos de estancieros, «protoempresarios» varios, profesionales con aspiraciones, amigos de todo tipo, resultan agraciados, en tanto que se olvida al que no tiene ni «chiripá de bolsa» sin más alternativa que servir de peón en las estancias o de milico en el cuartel.

Esto tampoco hubiera sido posible sin la pasividad o la complicidad de un aparato tecno-burocrático con un concepto de la misión del Instituto que frecuentemente ha coincidido con la de sus conductores «políticos» y que normalmente funciona como su «piloto automático».

Desgraciadamente no solo recursos se le han escamoteado a la ley, también y principalmente, han faltado hombres que, verdaderamente comprometidos con el ideario Artiguista y con el de sus promotores, hubieran estado dispuestos a hacer algo genuino con ella. Eso, a los 53 anos –aun cuando se dejara de lado la catastrófica situación económico-financiera del Ente– sigue siendo una de las principales causas de sus déficit.