El PIT-CNT con la Comisión para la Paz: una entrevista trascendente y necesaria

Según anunció LA REPUBLICA en su edición del viernes pasado, el próximo martes tendrá lugar una entrevista, solicitada por la organización sindical, entre la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT e integrantes de la Comisión para la Paz que preside el arzobispo de Montevideo, monsenor Cotugno.

La importancia de la reunión nace, en primer lugar, del desarrollo de las tareas que una y otra institución han venido realizando en torno a la asunción, por parte de la sociedad uruguaya, de las responsabilidades que para todos entrana la subsistencia, quince anos largos de restituida la vigencia de las instituciones democráticas, de un problema sin resolver: el de los ciudadanos detenidos desaparecidos, dentro y fuera de fronteras.

La Comisión para la Paz asumió su delicada responsabilidad trabajando intensamente a partir de su instalación por decisión del Presidente de la República a comienzos de la nueva administración.

La Central de Trabajadores lo ha venido haciendo, a través de pronunciamientos y gestiones, a partir de los albores mismos del proceso de transición a la democracia. Recuérdese si no las primeras celebraciones, aún bajo dictadura, de los actos del 1o de Mayo.

La propia presencia del emblemático José D’Elía en la Comisión nominada por el presidente Batlle entrana el reconocimiento de la militancia y la responsabilidad con que las organizaciones de trabajadores asumieron su militancia en torno a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y sobre todo el drama que para la sociedad uruguaya supone la desaparición forzada de personas, entre ellas un número considerable de sindicalistas de primera fila y fundadores de la Convención Nacional de Trabajadores.

La labor denodada de la Comisión para la Paz ha tropezado con escollos que, unos meses atrás, cuando desde la primera magistratura se insistía en la necesidad de abordar esos temas con «un nuevo estado del alma», hubieran parecido poco probables.

Por ejemplo, la negativa del Ministerio de Defensa Nacional a brindar la información solicitada por el fiscal Miguel Angel Osorio, desde una sede judicial bonaerense que se ocupa de las acciones contra los derechos humanos perpetradas en Argentina durante el desarrollo del Plan Cóndor.

Negativa que paradójicamente se realiza en momentos en que funcionarios dependientes de ese Ministerio, concretamente jerarcas de la Armada Nacional, dan a conocer públicamente la tenencia de información referida a la participación de esa fuerza en el secuestro de Elena Quinteros.

El episodio adquiere un dramatismo mayor, y sustancia una situación de injusticia ya irreversible, en la medida en que, la negativa y la obstrucción para informar del Ministerio de Defensa Nacional se pone en práctica contra el recurso de amparo presentado por Tota Quinteros, al que la jueza Estela Jubette diera un histórico respaldo a través de la sentencia que obligó al Ministerio a investigar acerca de la detención-desaparición de Elena.

El fallecimiento de Tota, en este cuadro, cobra un intenso dramatismo y conlleva para las víctimas un nuevo golpe de dolor lacerante que se sumó a los padecidos a lo largo de los casi veinticinco anos de búsqueda infructuosa.

Las opiniones de la Central Obrera en estos puntos han sido claras y el intercambio de ideas e informaciones con la Comisión habrá de ser sin duda de la mayor fecundidad.

Finalmente, el PIT-CNT ha hecho suyo un razonamiento que tiene un interés muy amplio, que trasciende el factor circunstancial y los vínculos inmediatos con los ciudadanos desaparecidos.

Un enfoque que, de un modo u otro, interesa a los organismos de derechos humanos, al Parlamento, a la prensa, la cátedra y la propia conciencia histórica del país.

Basándose en un documento oficial de la ONU, redactado por el reconocido jurista Louis Joinet, los sindicalistas jerarquizan la importancia del derecho a la información pública, a la preservación de las pruebas «para determinar que lo que era denunciado como patranas por parte de los opresores, tenía como finalidad desacreditar a los defensores de los derechos humanos y era verdad».

Si, como en el caso de Elena Quinteros, un ex ministro, Juan Carlos Blanco, mintió, fraguó documentos y se hizo cómplice de un homicidio para defender los intereses de la dictadura, ese hecho no es de «carácter privado» y los duenos de esa información pueden ser «solo los familiares».