Aborto: que se pronuncie el soberano

El Parlamento sancionó, finalmente, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, norma que contiene entre sus disposiciones la despenalización del aborto en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones.

Nuestra posición al respecto es clara y ha sido expuesta en innumerables oportunidades: somos contrarios a la criminalización del aborto pues ella ha demostrado su total inoperancia para evitar esa práctica, al tiempo que consagra de hecho la flagrante injusticia consistente en permitir que las mujeres de clase privilegiada puedan interrumpir su embarazo sin mayores riesgos, mientras obliga a aquellas de menores recursos a hacerlo en pésimas condiciones de higiene. Pero lo más importante es que estamos frente a una práctica que la sociedad uruguaya mayoritariamente ya no percibe más como delictiva si es que alguna vez así la consideró. Nos consta que incluso aquellos que se declaran contrarios a la despenalización (quienes por razones religiosas o filosóficas son partidarios de que merezca el castigo de la ley penal) en su inmensa mayoría jamás denunciarían a nadie por haberse practicado un aborto (aunque moralmente lo condenen de acuerdo con sus códigos) como sí lo harían si se tratara de cualquier otro delito, un homicidio, una rapiña, una violación. Más allá de estériles discusiones sobre si un óvulo fecundado es ya un ser humano o aún no lo es, los hechos demuestran, en definitiva, que una abrumadora mayoría de ciudadanos no considera que la vida humana comience en el momento de la concepción.

Como evidentemente se trata de un asunto polémico que divide a la sociedad horizontalmente, entendemos (y así lo hemos expresado en múltiples ocasiones) que es un problema que debe ser resuelto por el cuerpo electoral. Hacemos nuestro el llamamiento efectuado por el senador Alberto Couriel en el plenario del pasado martes 11, en el sentido de exhortar al Presidente de la República a no vetar la ley sancionada de manera de habilitar que quienes se oponen a la despenalización del aborto promuevan el recurso de referendo correspondiente previsto en nuestra Constitución. Iríamos incluso más lejos proponiendo que todos, absolutamente todos los ciudadanos (incluyendo a los partidarios de la despenalización), estampen su firma a favor del recurso de modo de hacer patente nuestra voluntad de que la ley se someta a plebiscito y que el pueblo, reasumiendo su soberanía, decida libremente sobre el delicado tema.

Recordemos que la condición sine qua non para que se impulse un recurso de referendo consiste en que exista la ley, esto es, que la norma que se pretende impugnar haya sido promulgada por el Poder Ejecutivo. Recordemos, de paso, que el mecanismo del veto presidencial consagrado en la Carta vigente desde 1967 constituye un atributo excesivo del Presidente de la República en flagrante contradicción con el equilibrio de Poderes que todo régimen democrático debe respetar; implica otorgar al jefe del Ejecutivo una potestad que le confiere un poder por encima del que se ha conferido al Legislativo, y en definitiva constituye un elemento de autoritarismo contrario a los principios democráticos y liberales heredados de la Ilustración.

Resumiendo: exhortamos al presidente Vázquez a no utilizar ese recurso constitucional pero de dudoso democratismo, promulgar la ley sancionada por el Parlamento, y permitir, así, que se ponga en marcha la consulta popular.