La flexibilización jubilatoria

Hace ya aproximadamente quince días que en el Senado dimos sanción definitiva al proyecto de ley que flexibiliza las condiciones para acceder al derecho a la jubilación, restando únicamente el paso de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, para que se incorpore al orden legal vigente.

La finalidad de este proyecto, de hondo contenido social, es el de permitir que miles de uruguayos que en las actuales condiciones no podrían acceder a una jubilación al término de su vida laboral activa, puedan hacerlo, mediante la flexibilización de las condiciones requeridas para la misma. De esta forma es que se reducen a 30 los años de trabajo necesarios para llegar al retiro, de los 35 actualmente exigidos; manteniéndose la edad mínima de 60 años.

También se modifica la estructura para alcanzar la jubilación por edad avanzada. De los 70 años actuales, se baja la edad mínima a los 69 (con 16 años de aportes) o los 68 (con 17 años de aportes); y se contempla especialmente a las madres trabajadoras, mediante el cómputo especial de un año adicional de aporte por cada hijo ­natural o adoptado- que tengan, hasta un máximo de 5.

Por supuesto, muchos podrán decir que si las cosas han funcionado bien con las reglas de juego vigentes hasta ahora, ¿por qué molestarse en cambiarlas?, ¿en mejorarlas en beneficio de los trabajadores? Probablemente sean los mismos que en la década pasada, defendían otro tipo de flexibilización laboral: la de la des-sindicalización, la de no negociación colectiva de los salarios y condiciones salariales, la de desregular el ámbito de las relaciones laborales porque así se favorecería la «generación de fuentes de trabajo». Todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de esa flexibilización.

Porque según estudios muy serios elaborados por las autoridades del BPS, en base a datos disponibles, se estima que de no modificarse las condiciones para lograr la jubilación, miles de uruguayos no podrían en un futuro llegar a jubilarse. Esto se debe a que hace ya tiempo quedó en el pasado ­en nuestro país y en todo el mundo- la perspectiva del trabajo de por vida en una sola empresa, la estabilidad laboral es un imaginario que, como muchos otros, ha entrado en crisis.

Hoy en día vivimos en un mercado laboral mucho más dinámico, con los aspectos positivos y negativos que esa realidad pueda tener. El multiempleo, el sub-empleo, el trabajo en negro, el pasaje por varios destinos laborales, y por períodos de desempleo a lo largo de la vida laboral activa, todo ello forma parte de la cotidianidad de la mayoría de la población trabajadora en nuestro país.

Sin embargo, nuestras leyes laborales relativas a los derechos jubilatorios seguían inmodificadas, como si la realidad en pleno año 2008 siguiera siendo la que existía en el Uruguay de los años 50. Lo cual, evidentemente es como la táctica del avestruz, que ante la proximidad del peligro esconde su cabeza bajo tierra, pretendiendo que así no existe.

Con esta modificación, se estima que más de 22.000 compatriotas podrán integrarse al sistema jubilatorio en los próximos tres años; pero más importante aún, permitirá que muchos jóvenes y adultos que en el mediano y largo plazo podrían haberse visto perjudicados en el ejercicio de sus derechos jubilatorios (por no contar con 35 años de aportes, por ejemplo) puedan beneficiarse por esta flexibilización aprobada.

Otro aspecto que no quiero dejar pasar por alto, es reconocer que esta iniciativa del Poder Ejecutivo contó con un alto apoyo y consenso político, dado que fue aprobada a nivel legislativo con votos del Frente Amplio y de los partidos de oposición. Eso le otorga una legitimidad más que importante a la norma, y demuestra lo preocupante de la situación.

Por supuesto, tampoco quiero dejar pasar el dato, incontestable, que fue necesario que llegara un gobierno de izquierda, para lograr este nuevo marco jubilatorio más ágil y amplio.

Y de ninguna manera la aprobación de este proyecto marca un punto final respecto a la temática laboral, y específicamente a los derechos relativos a la seguridad social. A pesar de los avances logrados en la actual gestión de gobierno, aún queda mucho camino por avanzar en la reforma y modernización de la misma, con una perspectiva realmente progresista y humanista, que contemple los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo del desempeño de su vida laboral.

Pero ciertamente es un avance. Sin prisa ­que suele ser mala consejera- pero también sin pausa, seguimos transitando el camino de los cambios prometidos en la campaña política. Buscamos profundizar las vías de participación democrática, y volver a convertir a Uruguay en un país de avanzada en su legislación social, que sería recuperar lo mejor de nuestra tradición como país, y de nuestro sistema político.

En la sociedad integrada, justa y equitativa que pretendemos alcanzar; ya no son de recibo ni podemos admitir una legislación desfasada con la realidad que nos toca vivir.