La izquierda y el Tribunal Penal Internacional

«Los hechos no suceden en vano. Siempre hay una sanción moral, siempre hay un juicio de la historia».  Zelmar Michelini (Tribunal Russell, año 1974)

 

Marcelo Jorge Filomeno

El Uruguay no ha adherido hasta el momento al Tratado de Roma, el cual dará nacimiento al Tribunal Penal Internacional, cuando sea ratificado por los poderes legislativos de, por lo menos, 60 de los países cuyos poderes ejecutivos otorgaron y firmaron aquel tratado. Sorprende a la ciudadanía que el EP-FA no denuncie esta situación, orgánicamente o por boca de sus numerosos voceros, en tanto Jorge Batlle continúa con su propuesta de «estado del alma».

El mencionado tribunal asumirá competencia para juzgar los crímenes, disfrazados o no de actos de gobierno, consumados por individuos (hombres y mujeres) abusadores del poder y generadores de toda clase de tragedias para sus propios pueblos, en cualquier parte del mundo, como asimismo por sus cómplices, civiles y/o militares, sean «de derecha», «de centro» o «de izquierda», porque históricamente todo el espectro político, en el poder, ha llegado a cometer crímenes, con las más diversas fundamentaciones. Por lo tanto hay que apoyarlo, sin prejuicios, tomando la iniciativa frente a Jorge Batlle y su partido, quienes muchas veces han hecho la plancha sobre los prejuicios de la izquierda. Prejuicios alimentados por los aparatistas, los cuales, en la defensa de sus posiciones e intereses, pueden llegar, en cualquier organización política de cualquier país del mundo, a los extremos de quienes van a ser sentados en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional. Depende solamente de la situación de cada país. La mentalidad y la práctica de los aparatistas es la misma. Quienes hemos sufrido linchamientos por parte de los aparatos partidarios sabemos que esto es así, con prescindencia de ideologías.

Como ya van más de dos años que muchos tiramos cohetes y bombas por el comienzo del periplo del chacal Pinochet, esperando que la justicia –humana o divina– lo saque de este mundo, agradeciendo de paso al juez español Garzón que haya hecho pelota el concepto de soberanía jurisdiccional territorial en materia penal –en contra de la opinión de quienes temen nuevas invasiones coloniales y/o imperiales– la izquierda, para no padecer hemiplejia, debe reconocer en los Milosevic, los Karadzic, los Mladic, en la mujer del primero y en la antigua «patrona» del aparato en Bosnia, a criminales calificados, y no ex políticos supuestamente «de izquierda». Acompañar, asimismo, la conversión del Tribunal Penal Internacional «ad hoc» para los criminales de la ex Yugoslavia en un órgano internacional permanente de justicia.

Años atrás, cuando comenzaba en Bosnia la terrible «limpieza étnica» –similar a la de los nazis– promovida por los aparatistas ex funcionarios de las antiguas dictaduras, supuestamente reconvertidos a la democracia, y los nombres de los criminales no habían adquirido todavía notoriedad internacional, el entonces embajador italiano en nuestro país, doctor Egone Ratzenberger, oriundo de Trieste, en la frontera con la ex Yugoslavia, me explicó en una reunión de la Sociedad Italiana de Dolores –con amargura– las fechorías de aquellos individuos. El conocía bien la situación por su proximidad familiar, en el límite de Italia con la barbarie. No le creí, por considerarlo un hombre «de derecha». Hoy, habiendo sufrido en carne propia el autoritarismo y la cobardía de un pequeño aparato político en un pequeño país como el nuestro, no tengo dudas respecto a los responsables de tragedias como las de la ex Yugoslavia, responsabilidad anunciada desde que el yugoslavo Milovan Djillas escribió hace muchos años «La nueva clase», y posteriormente por analistas, como el fallecido canadiense Wynne Dyer, adelantando lo que podía suceder a la muerte del mariscal Tito.

Aunque a algunos defensores de autócratas no les guste, coincidiendo objetivamente con la impunidad ideada para nuestro país por la dirigencia colorada y blanca, las fuerzas progresistas deben apoyar y promover la firma del tratado de creación del Tribunal Penal Internacional de Roma y su ratificación por nuestro Parlamento. Esto nos parece serio, más allá del apoyo a la comisión creada por Jorge Batlle, que ha venido a darle un sesgo menos impersonal a aquella impunidad, aunque esa no haya sido exclusivamente la intención última. Irrelevante hoy internacionalmente, sus conclusiones «para la paz» –donde no hubo guerra– podrán, no obstante, en un futuro, encabezar el auto de procesamiento de unos cuantos imputados por el Tribunal Penal Internacional.

Cuando el 30 de marzo de 1974 Zelmar se presentó ante el simbólico Tribunal Russell, en la misma Roma, denunciando en desgarrador alegato los crímenes de la dictadura uruguaya, lejos estaba de pensar que algún día las sanciones morales y los juicios de la historia cederían su lugar a verdaderas condenas de un verdadero Tribunal. Eso es lo que el EP-FA y el resto de los progresistas deben apoyar –en homenaje a su memoria y para orgullo del Uruguay– ante la comunidad internacional.

* Escribano