Democracia representativa y democracia directa

Nadie se animaría a negar hoy en día que la democracia es el mejor sistema de gobierno, el más justo, el que más garantías da a los ciudadanos, el que asegura el imperio de la libertad en todos sus términos y la convivencia civilizada entre todos los miembros de la comunidad.

Y tampoco nadie niega que en el mundo moderno la democracia debe necesariamente ser una democracia representativa, esto es, un sistema de gobierno en el que la participación popular se ve parcialmente limitada en razón de la imposibilidad de reunir a todos los ciudadanos en el ágora, como ocurría en la Atenas del siglo V ac, ya que en aquel entonces el reducido número de habitantes de la polis que tenían la condición de ciudadanos era por demás reducido, al revés de lo que ocurre dos mil quinientos años después, cuando la inmensa mayoría de los habitantes son ciudadanos.

En razón de ello, el soberano ­el demos­ delega sus funciones gubernativas en los gobernantes que elige cada tanto tiempo como sus representantes en los órganos estatales. Sin embargo, todas las constituciones modernas mantienen algunos mecanismos de democracia directa, esto es, instancias en las que es todo el cuerpo electoral (vale decir todos los ciudadanos) el que toma determinadas decisiones. A esos efectos se lo convoca para que se expida sobre ciertos asuntos trascendentes para la vida del país, como por ejemplo, para reformar la Constitución o para pronunciarse sobre leyes controvertidas, y ratificarlas o derogarlas. Esto responde al hecho de que a veces los representantes del pueblo no están en sintonía con lo que mayoritariamente piensan o desean sus representados. Y en tales casos, estos reasumen la soberanía para decidir en última instancia.

Por estos días el delicado problema de la despenalización del aborto ha vuelto a estar en el tapete. Sancionada en el Senado hace más de un mes, la norma en cuestión que despenaliza el aborto resultó finalmente aprobada por estrecho margen en la Cámara Baja. Teniendo en cuenta esa paridad de posturas a favor y en contra que se da en el Parlamento, y en virtud de que se trata de un asunto polémico que ha despertado rechazos violentos de algunos sectores de la sociedad (sin contar la amenaza de veto presidencial a la despenalización), estamos ante un caso claro de una decisión demasiado trascendente como para dejarla en manos de los gobernantes. Creemos debería promoverse una consulta popular para que sea el soberano quien se pronuncie en definitiva si quiere seguir como hasta hoy considerando el aborto como un delito, o si, por el contrario, entiende que ha habido una evolución en la mentalidad media de la sociedad que la lleva, mayoritariamente, a no percibir la práctica del aborto como una conducta delictiva que merezca sanción penal alguna.

Dicho sea de paso, bien conocida es nuestra postura afìn a esta última alternativa, pero entendemos que la mejor solución al asunto sería la consulta popular. Ahora bien, nuestra Carta Magna sólo prevé el recurso de referendo contra las leyes ya promulgadas, de modo tal que sólo sería posible realizar un plebiscito si la ley es sancionada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo. Sólo así se podría promover el recurso de referendo y habilitar el pronunciamiento soberano del cuerpo electoral.

En razón de todo ello, entendemos que todas las fuerzas políticas, así como las organizaciones sociales que desplegaron una intensa militancia tanto a favor como en contra de la despenalización del aborto, y los propios gobernantes, deberían facilitar de todas las formas posibles la realización del plebiscito.

Es la única alternativa verdaderamente democrática para laudar un asunto que tanta controversia ha suscitado.