Máxima seguridad: todos los niños a la hoguera

La oleada se repite cada tanto. Cuando un menor de edad asesina a un ingeniero que vive en un country de Buenos Aires, a un empresario o algún comerciante de Montevideo, entonces las voces se alzan con la misma cantinela de siempre: hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores, ya. Nada dicen cuando en un rancho un chiquilín ultima a un vecino. Es una cuestión de status y hay que estar en sintonía, por eso el día en que por estas latitudes maten a un ministro o a un senador, entonces los vocingleros de siempre pedirán imputación penal para aquellos niños que egresen del Jardín de Infantes. Según opinión mayoritaria de psiquiatras y psicólogos, la adolescencia es una etapa de cambios psicológicos importantes para que pueda analizarse a la luz del derecho penal la posibilidad de autodeterminación y responsabilidad de los mismos. El crecimiento físico rápido y la nueva madurez genital, alertan a la gente joven de su inminente edad adulta, y comienzan a preguntarse acerca de sus papeles en la sociedad adulta. El principal riesgo de esta etapa es la confusión de identidad, la cual explica la naturaleza volátil y caótica de muchos de sus comportamientos, también considera al pandillismo y la intolerancia como defensas contra la confusión de identidad, por esta razón los esfuerzos de muchos adolescentes se centran en la búsqueda de compromisos, a los cuales pueden ser fieles y esto determina su habilidad para resolver la crisis de esta etapa. Así la virtud que surge de esta crisis es la fidelidad, lealtad o sentido de pertenencia de los amigos y compañeros o a un grupo de valores.

En paralelo con su desarrollo mental, el adolescente tiñe su vida afectiva de una fuerte emotividad que va de la exaltación a la depresión y que suele producir frecuentemente frustraciones, angustias, desajustes, conflictos complejos, situaciones estas que han llevado a algunos autores a afirmar que la adolescencia constituye una edad crítica, y señalan el hecho de que las modificaciones psicológicas de la pubertad predisponen, fácilmente, a un comportamiento antisocial. De allí la importancia de la orientación y guía de los padres o representantes en esta etapa. Claro está que se trata de la legión de muchachitos que han sobrevivido al genocidio silente en el mundo. Es decir, que no pertenecen a la otra legión, cuyos integrantes mueren, uno por segundo, de hambre y sed. El principio de la mínima intervención penal y el de la humanización de las penas, requieren que las sanciones de carácter penal sea el último recurso, es decir, para casos que por no acudir a ella se cayera en la impunidad. Por más que se diga que la finalidad de las sanciones para adolescentes son educativas y que con su ejecución se busque el pleno desarrollo de las capacidades del mismo, es un castigo y no se conoce el caso de que aplicando castigos y viviendo en instituciones cerradas, se logre el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, menos la de un adolescente. Si los centros de internamiento representaran un lugar donde los adolescentes se sintieran bien y evidenciaran beneficios efectivos para ellos, no se producirían evasiones masivas en la forma tan frecuentes como ocurre. El gobernador bonaerense Daniel Scioli dijo recientemente «en muchos países la edad de imputabilidad ya es más baja que en la Argentina, incluso en Uruguay, que ha demostrado criterios acertados, no sólo respecto de la edad, sino también en casos de delitos culposos graves en los que no se pone en libertad enseguida a un imputado, como ocurre en la Argentina». Un especialista porteño afirmó que «lo más acertado es bajar la edad (de imputabilidad) a los 14 años» y así lo justificó: «El desarrollo mental del niño y del adolescente ha avanzado muchísimo. En los años 20, cuando se sancionó nuestro código original, un chico de 15 estaba esperando el pantalón largo para incorporarse a la vida social. Hoy ya están incorporados a los 12. La madurez de los niños ha crecido y es esencial ponerse a la altura del criterio de otros países». Respecto del colapso que existe en los institutos de menores y de cómo debería encararse el aumento de la población carcelaria que resultaría de una baja en la edad de imputabilidad, opinó que la clave está en «hacer más cárceles». Por fortuna aún quedan voces coherentes en ambos lados del río, así el abogado argentino Ricardo Monner Sans sentencia «una vez más se está yendo a las consecuencias y no a las causas. Nuevamente se toma sólo el final de la película, se renuncia a reducir brechas entre ricos y pobres y a asistir seriamente a miles de chicos que, en muchos casos, no tienen más referentes que la droga». Para el jurista, el aumento de la delincuencia responde a un «conjunto de situaciones irresueltas» entre las que incluyó «la falta de educación, el cartonerismo, la mendicidad social, la ausencia de trabajo y la falta de referentes democráticos». También atribuyó parte de las dificultades en la reducción de la delincuencia a las «torpezas» que, afirmó, prevalecen en los códigos procesales, no sólo respecto de los menores, sino también de los mayores». Y remató: ¿Por qué no los matamos a los 10 años si son pobres?». En Uruguay, la voz más clara fue la del Dr. Juan Andrés Ramírez que consideró esa alternativa como una «aberración escandalosa». Ramírez definió así las intenciones de estudiar una rebaja de la edad en que los menores podrían ser imputados en determinados casos. «Es una reacción irracional de la sociedad», subrayó. Y habló de «una grave hipocresía», ya que se pretende «aplicar el rigor del sistema penal» para los menores, pero al mismo tiempo, el año pasado, se aprobó una ley que «prohíbe el sopapo en el ámbito doméstico.