Otra perla para el asombro, entre los vetos

Guillermo Chifflet

El Parlamento no ofrece demasiadas oportunidades para el optimismo. Pero la culpa no es de la institución. Ni de la democracia.

Para ilustrar esta realidad analizaremos hoy uno de los vetos del Poder Ejecutivo a la Ley de Presupuesto. Perdido quizá, entre los múltiples no, del Poder Ejecutivo. Porque cuando las injusticias o las arbitrariedades del poder no alcanzan a miles, no hay manifestaciones, ni protestas, y todo se consuma en silencio.

Una reflexión más, antes de exponer el tema que intentamos denunciar. Con frecuencia todos –partidos, instituciones, prensa, etc.– estamos de acuerdo en que debe superarse una injusticia determinada. Pero la solución no llega. O si trabajosamente, después de años, el Parlamento la supera, aparecen nuevas trabas, demoras… o el veto.

Obsérvese, concretamente, el siguiente ejemplo.

Durante algún tiempo, funcionarios del Poder Judicial cargaron sobre su responsabilidad y esfuerzo la realización de , aunque sus sueldos eran de administrativos.

Algunos funcionarios, por ejemplo, cumplían tareas de procuradores, pero sin el sueldo correspondiente.

Todos, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sabemos que esa diferenciación era injusta. Discriminatoria. Inaceptable. Fuera de principios obvios de la materia laboral. Después de mucho tiempo, en 1995 se incluyó en un artículo de la Rendición de Cuentas la justa transformación de cargos, con el propósito de eliminar la citada irregularidad.

La Suprema Corte de Justicia incorporó, entonces, a los respectivos funcionarios administrativos al escalafón (de procuradores) o, en materia penal, al cargo de defensores adjuntos.

Pero planteó, paralelamente (por respetables razones formales, pero opinables) un recurso de inconstitucionalidad. Esa instancia lleva tiempo. Tanto, que todavía no hay sentencia.

Previéndose que ese aspecto es polémico y que pueda dictarse fallo en uno u otro sentido, en la reciente ley de presupuesto el Parlamento reiteró (artículo 470) su punto de vista.

En otras palabras, se buscó evitar los problemas que pudiera traer un fallo negativo; que generaría problemas (y una abrupta rebaja de ingresos) a funcionarios con más de 20 años de labor. Para evitar posibles renuncias a las que llevaría esa especie de «manoseo» o trato indigno. Además, porque ese reconocimiento –cuya justicia nadie niega, ya que solo significa pagar la función que se cumple- .

Todo es así de claro. Pero el Poder Ejecutivo vetó el artículo.

Supongamos que esgrima, como la Suprema Corte, razones de interpretación constitucional o legal. Más: admitamos, en hipótesis (no se han difundido todavía las razones del Poder) que desde el punto de vista legal tenga razón. ¿No es previo marcar cuál será la vía para solucionar el tema? ¿O alguien puede pensar que no se viola la Justicia pagando sueldos mucho más bajos a los que corresponden, a quienes desempeñan cargos técnicos?

Cuando el compañero Sarthou –que entre sus múltiples méritos tiene el de honrado abogado laboralista– me llamó la atención sobre este veto, me propuse difundir estos hechos. Porque cuando los afectados por una injusticia no son miles, hay políticos que miran para otro lado. (Finalmente, pensé, democracia es información).

Si no se levanta el veto del Poder Ejecutivo –reitero– y el fallo resultara contrario a la decisión del tema por el Parlamento, los funcionarios comprendidos por la norma deberían regresar al sueldo de administrativos. Funcionarios, como son, del Poder Judicial, solo les quedaría soñar con la justicia.

Pero, una vez más, la posibilidad de superar el problema no parece estar lejos: el Frente, los blancos y el Nuevo Espacio, nos hemos pronunciado en favor de una solución. Una advertencia: los legisladores tendremos que estar en Sala. Alertas, además, para solucionar el tema, porque hay quienes tienen capacidad para encontrar siempre una chicana más, y demorar demandas cuya justicia no pueden negar. (Dejar sin quórum la Asamblea sería otra vía –lícita– de aprobar los vetos).

Un detallecito más, de esta perla nacional: tres funcionarios, de los que padecían esta injusticia, están trabajando en comisión. Y aunque las disposiciones sobre los funcionarios en comisión no ofrecen aristas a la duda, la Suprema Corte entendió que no están comprendidos en la ley. ¡Y dejó de pagarles! Observo que –acto fallido– acabo de escribir Suprema Corte. Debí decir Suprema Corte de Me disculpo.

* Diputado del Espacio 90 (EP-FA)