Consolidar las reformas abriéndolas a una  participación más amplia

El gobierno ha urgido la aprobación de proyectos de Ley que completarán la base legal de cambios significativos en la estructura económica y social del país. En la mayoría de los casos, las nuevas normas tienden a conformar un nuevo escenario en el cual los uruguayos podamos mejorar significativamente los problemas que determinaron la necesidad de esas reformas. Esas reformas son conocidas y más allá de las imperfecciones u omisiones, ostentan una característica común: la razonabilidad. Parten de diagnósticos en general compartidos y de necesidades que debían ser afrontadas aún desde la temeridad de promover iniciativas connotadas de riesgos de toda naturaleza. Prácticamente todas ellas exigen acciones complementarias, ya sea en materia de reglamentación o elementos que neutralicen los riesgos de mediano y largo plazo, riesgos que, en lo inmediato, han sido asumidos totalmente por el gobierno.

Tanto las reformas «económicas» como las directamente vinculadas con el bienestar de la población presuponen flujos de recursos que, en general, han sido proyectados desde una perspectiva de escenarios próximos más optimista que la que hoy comienza a instituirse en el país. Ello no supone en absoluto aceptar que los impactos que devienen del exterior deban, por sí mismos, generar cambios en el plan de continuidad de esa estrategia reformista. En primer lugar, porque no hay ninguna evidencia aún, respecto a que esos impactos sean, en términos netos, de gravedad extrema. Pero, sobretodo, porque nadie pretendería volver livianamente a ninguna de las situaciones originales previas al actual impulso reformista.

Sin excepción, todos los puntos de partida de la estrategia reformista son indeseables o imposibles de frecuentar nuevamente. En tanto, la discusión sobre los ajustes necesarios que deberá hacer el país para acomodarse al nuevo escenario debe considerar la defensa del cambio. Esto no debe ser leído como una convocatoria de un medio afín con la estrategia del gobierno, a que el conjunto de la sociedad y sus representaciones políticas coincidan en sostener todos los cambios de los últimos años. Sin embargo, es preciso impedir que los desenlaces temporales de la política dañen el bien común. Esas reformas pueden ser imperfectas pero, en general, todas ellas han dejado abierta un área en la cual es posible corregir y mejorar sus alcances.

No hay ninguna de esas reformas que dañe los principios democráticos y republicanos de una sociedad como la uruguaya. Se puede discutir si la reforma de la salud podía o no haberse imaginado sobre un pilar como el mutualismo o si el órgano competente de la Ley de competencia debería albergarse en una oficina del MEF, o si los profesionales debían o no comenzar a pagar renta personal como lo dispone el nuevo sistema tributario, o si el BCU debía tener tal o cual misión prevalente. Lo que no se puede es instituir la idea de la reversibilidad absoluta como principio de nuevos arrebatos reformistas. Ni debido a una pretendida discusión de «ideas», ni por excesivos temores fiscales.

Como ha asumido el riesgo prácticamente total del éxito de las reformas, el gobierno debe asumir también el liderazgo en esta etapa de consolidación y mejora de las reformas instituidas. Esto supone un conjunto de tareas que las autoridades deben realizar buscando comprometer a más gente en ese proceso de mejora y sustentabilidad de las diferentes iniciativas. Ahora es el momento posible para algunas audacias en esta materia. De hecho, así parecen hacerlo algunas autoridades proponiendo la participación de profesionales, ajenos al partido de gobierno, en lugares importantes de la gestión de algunas de esas reformas. Pero esas iniciativas aún escasas deberían formar parte de un esfuerzo más, capaz incluso de alterar el empobrecimiento de la discusión a la que nos llevaría una alternativa antirreformista auspiciada por la campaña electoral en ciernes.